Los bloques de diputados de la oposición sometieron una resolución en la que solicitan a la Cámara de Diputados interpelar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por supuestas violaciones a derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana.

Los bloques de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y PRD-PQDC, consideran que tanto Raful como Guzmán Peralta se han excedido en sus funciones con el cierre de establecimientos comerciales.

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Rafael Castillo, vocero del bloque de diputados de la FP, estima que los funcionarios citados deberán presentarse ante la Cámara de Diputados para que respondan en torno a sus acciones contra los ciudadanos y el desbordamiento de la Policía Nacional en las calles.

De su lado, Gustavo Sánchez, vocero del bloque de diputados del PLD, proponente de la iniciativa, precisa que la Constitución empodera a los legisladores a fiscalizar a los funcionarios del Estado a los fines de que respondan ante el Congreso Nacional sobre sus acciones.

En este caso, precisa, en lo que tiene que ver con el inculcamiento de derechos fundamentales, como el de presentarse a lugares privados sin una orden judicial de manera recurrente.

Subraya que ante una situación como la descrita y la recurrencia de la ministra de Interior y Policía, quien se cree con poderes para violar la Ley y la Constitución, la invitan a la CD para que responda ante la sociedad dominicana y las violaciones no queden impune.

“Nosotros, la oposición, interpretamos la intención del pueblo dominicano para que se haga respetar sus derechos en un régimen democrático y de derechos”, explicó Sánchez.

El diputado Ramón Raposo, del bloque de diputado PRD-PQDC, afirma que en los actuales momentos la sociedad está ante una ministra intolerante como si se viviera en un régimen de dictadura, cuando se supone se está en democracia.

En la resolución depositada por ante la Secretaría General de la CD, los legisladores recuerdan que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, consagrado en el artículo 7 de la Constitución de la República.