BUENOS AIRES. El Congreso argentino aprobó este jueves una ley para cambiar la sede de Nueva York a Buenos Aires, París o donde prefieran sus acreedores para el pago de bonos de su deuda, que busca de esta forma evitar el bloqueo judicial de fondos en Estados Unidos.

La iniciativa, sancionada por el Senado la semana pasada, fue aprobada en una sesión de más de 17 horas por 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones.

Con esta ley Argentina quiere evitar que se le impida honrar su deuda reestructurada antes de que se cumpla un nuevo vencimiento el próximo 30 de septiembre, que alcanza a unos 200 millones de dólares. El país sudamericano había quedado entre la espada y la pared cuando el juez de Nueva York Thomas Griesa bloqueó un pago de la deuda por 539 millones de dólares y el país fue considerado por agencias calificadoras en «default selectivo» desde el 30 de julio pasado.

El juez dictaminó que Argentina debía abonar 100% de los 1.330 millones de dólares reclamados por los fondos especulativos que iniciaron un litigio, a los que Buenos Aires denomina «buitres» porque compraron la deuda en default a precios irrisorios, en forma conjunta al resto de sus acreedores.

Si el país acatara el fallo, una cláusula de la reestructuración de la deuda llamada RUFO (sigla en inglés) le obligaría a equiparar los pagos con los demás acreedores que aceptaron quitas de hasta 70% de los adeudos, lo que totalizaría 120.000 millones de dólares, cuando las reservas monetarias del país son inferiores a los USD 30.000 millones.

La maratónica sesión especial en la cámara baja se inició después del mediodía del miércoles y tras fuertes cruces entre los diputados de la oposición y el oficialismo el proyecto se convirtió en ley en una votación a las 05H40 locales (08H40 GMT).

Con abucheos a los diputados de oposición, decenas de militantes de un movimiento juvenil del kirchnerismo (oficialistas) asistieron al debate desde las gradas del Congreso, donde varias veces tuvieron que ser advertidos para mantener la calma durante el debate.

El gobierno hizo pesar su mayoría legislativa para aprobar la norma mientras la oposición rechazó la iniciativa, argumentando que la ley no soluciona el problema de fondo generado por el fallo judicial de Griesa. «Es una ley que apunta a defender la autonomía del Estado para este gobierno y para los que vengan», argumentó el diputado Roberto Feletti, miembro informante del oficialista Frente para la Victoria.

– Escepticismo opositor – La reforma abre nuevas ventanillas de cobro, entre ellas París u otro lugar que elijan los bonistas, como forma de poner fin al congelamiento de fondos dispuesto por Griesa a dinero que Argentina había depositado en el Bank of New York (BoNY) para el pago a acreedores que aceptaron un canje de su deuda en 2005 y 2010 con importantes quitas.

Según el exministro de Economía del gobierno de Kirchner, el diputado opositor Martín Lousteau, esta «ley no resuelve el bloqueo de Griesa» y podría «detonar una cesación de pagos por propia decisión del Congreso», agravando la situación actual.

El diputado Néstor Pitrola, del Partido Obrero -izquierda de oposición al Gobierno- dijo que votó en contra de la ley por considerar que «sólo servirá para convalidar otra vez el negociado de la deuda pública en su totalidad», a la que considera como ilegítima.

«El pago de la deuda nos llevará al fondo de la bancarrota» y supondrá «nuevas devaluaciones, ajustes y sacrificios populares», precisó Pitrola. Por estos días la ciudadanía parece más concentrada en los augurios de una devaluación de su moneda, en el marco de una economía que muestra claros signos de recesión y sumergida en una espiral inflacionaria que alcanza al menos el 30% anual.

– Tiempo y estrategias – «El gobierno está haciendo tiempo para llegar a 2015», dijo a la AFP Pablo Tigani, director de la consultora Hacer.

La cláusula RUFO caduca en enero de 2015, momento en el cual Argentina podría acordar con los fondos especulativos, como lo hizo este año con el Club de París, la petrolera española Repsol y el tribunal del Banco Mundial (CIADI) para cumplir con sus obligaciones financieras.

Mientras tanto, Argentina ha disparado una serie de iniciativas internacionales, entre ellas lograr que el martes la Asamblea General de la ONU aprobara un proyecto para crear un marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda soberana, y evitar de esa forma que en el futuro se produzcan este tipo de batallas judiciales como las que enfrenta Buenos Aires. Países no desarrollados o en vías de desarrollo han respaldado a Argentina en su cruzada, que en el plano interno le rindió frutos al gobierno.

La aprobación a Kirchner «creció de 25,8% a 32,4% en el marco del litigio con fondos ‘buitre», señaló la consultora Management & Fit.