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LA PAZ (EFE).- El juicio al ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, autorizado por el Congreso Nacional para esclarecer el conflicto de octubre de 2003, será encarado por la Corte Suprema de Justicia, pero la tarea fundamental estará a cargo de la Fiscalía General, dijeron hoy fuentes oficiales.
La resolución del Legislativo, aprobada en la medianoche del miércoles, acusa al gobierno de Sánchez de Lozada de violación de garantías constitucionales cuando, hace un año, ordenó a las fuerzas del orden que reprimieran las protestas que buscaban su derrocamiento.
La acción del Ejército y de la Policía contra los manifestantes, entre septiembre y octubre del año pasado, dejó al menos 58 muertos y más de 400 heridos, la mayoría por disparos de armas de fuego y casi todos en las ciudades de El Alto y La Paz, según informes oficiales.
El ex mandatario, que dimitió al cargo cuando constató que no podía sostener su gobierno y se escapó a Estados Unidos, deberá comparecer ante la Corte Suprema junto a quince de los ministros que formaron parte de su Consejo de Ministros.
El probable juicio será resuelto por la Sala Penal del máximo tribunal del país, que tiene sede en la ciudad de Sucre, tras conocer las pruebas contra las ex autoridades que presentará la Fiscalía General, explicó a EFE el magistrado Jaime Ampuero.
Ampuero y su colega José Luis Baptista, miembros de la Sala Penal, serán los que acepten o rechacen, parcial o totalmente, las sindicaciones contra el ex gobernante, conforme lo señala la Constitución boliviana y la Ley del Juicio de Responsabilidades, promulgada precisamente por Sánchez de Lozada en marzo de 2003.
El magistrado indicó que, con el expediente que enviará el Congreso Nacional, se abrirá el sumario correspondiente y será la Fiscalía la que deberá presentar las pruebas que sustenten la acusación que ha motivado la decisión parlamentaria del miércoles.
La acción en la Sala Penal del máximo tribunal «dependerá de la celeridad con que actúe el Fiscalía General de la República, que deberá presentar la prueba correspondiente», dijo el magistrado.
Ampuero y Batista conocerán el sumario solos, debido a la excusa previa de su colega Héctor Sandóval, primo del ex ministro de la Presidencia de Sánchez de Lozada, José Guillermo Justiniano Sandóval, que está incluido en el proceso ordenado por el Congreso.
El magistrado explicó que en esta etapa previa deberán comparecer todos los imputados y que será la Fiscalía la que deberá tramitar la probable extradición de los que se encuentren fuera de Bolivia.
La participación de la Fiscalía también fue destacada por el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, al comentar la decisión tomada por los legisladores.
«En este momento, la Fiscalía es la entidad más llamada a acumular todos los elementos acusatorios de los que van a ser procesados», señaló Albarracín a los periodistas.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Sacha Llorenti, alabó la determinación del Parlamento pero advirtió que el proceso será prolongado y lleno de obstáculos.
«La ley de Juicio de Responsabilidades fue promulgada por Sánchez de Lozada y tiene vacíos legales que tienen que ser absueltos, como el caso de los plazos, (porque) no se especifica el tipo de procedimiento» para ejecutarlo, apuntó Llorenti.
En caso de que la Sala Plena dicte acusación para alguno de los implicados, el proceso estará a cargo del plenario de la Corte Suprema, en plazos que tampoco están claros y que resultarán de la combinación de las normas vigentes en el país, según las fuentes.
