Hoy 
Por Juan Carlos Zambrana
La Paz, 5 jul (EFE).- Bolivia celebrará elecciones anticipadas en diciembre próximo, convocadas hoy por el Congreso, que aprobó varias reformas a la Constitución, entre ellas la reducción de su mandato, con lo cual se abre la puerta a una solución duradera de la crisis social y política del país.
El Legislativo boliviano aprobó, además, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y un referéndum sobre el régimen autonómico, para julio del próximo año, tras una ardua negociación de los grupos políticos con representación parlamentaria.
Los comicios generales serán el primer domingo de diciembre y en ellos se elegirán presidente, vicepresidente, senadores y diputados para el periodo ejecutivo y legislativo 2006-2011, como exigían todos los sectores del país por unanimidad.
La determinación del Congreso es el resultado de casi un mes de negociaciones de los partidos políticos con los sectores sociales y regionales que reclamaron la renovación total del Ejecutivo y del Legislativo, dos años antes de completarse el periodo constitucional en 2007.
La primera decisión fue tomada por la Cámara de Diputados, que aprobó una reforma de la Carta Magna que exige la elección de nuevos presidente y vicepresidente, cuando la dimisión de los principales mandatarios obligó a entregar el poder al titular de la Corte Suprema de Justicia, como sucedió el 9 de junio pasado.
A la espera de la ratificación de ese cambio en el Senado, los diputados también autorizaron un proyecto legal que instituye la votación popular para la elección de los prefectos en los nueve departamentos del país, lo que elimina la actual atribución presidencial de designar a esos funcionarios.
Con esta reforma, el presidente de la Nación, Eduardo Rodríguez, decidirá si los comicios de prefectos departamentales se celebran el 12 de agosto próximo, como está señalado, o se aplazan para una nueva fecha.
Tanto la elección popular de los prefectos como la aplicación de la autonomía regional fueron reclamadas por el pujante departamento de Santa Cruz, con el respaldo de sus pares de Tarija, Beni y Pando, de la misma región oriental.
Los partidos bolivianos aprobaron las medidas con la única oposición de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), que insistió hasta el final en reunir primero la Asamblea Constituyente como único modo de resolver los problemas de fondo que provocaron la salida anticipada de los dos últimos presidentes del país.
Gonzalo Sánchez de Lozada, que asumió la jefatura del Estado en agosto de 2002, dimitió el 17 de octubre de 2003, al no poder resistir las graves y violentas manifestaciones, similares a las que, a principios de junio pasado, provocaron la renuncia de Carlos Mesa.
