QUITO (AFP).- El Congreso de Ecuador se instaló este domingo por la tarde en sesión extraordinaria y permanente para buscar una salida legal a la disolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anunciada el pasado viernes por el presidente Lucio Gutiérrez.

En medio del clima de tensión social -con disturbios y represión con gases lacrimógenos en la madrugada del domingo en Quito-, los congresistas debaten la forma como debe cesar la CSJ, que fue nombrada por ellos mismos (en una mayoría gobiernista) el 8 de diciembre pasado de una manera considerada ilegal e inconstitucional por la oposición.

La reunión del Congreso se inició hacia las 17H00 locales (22H00 GMT), una hora después de la prevista, con la presencia de más de 51 de los 100 diputados para su realización.

Gutiérrez expresó que su intención es solucionar la grave crisis política y judicial que afecta al país.

Al ser consultado por la prensa sobre qué le motivó a tomar las últimas decisiones, Gutiérrez respondió: «solucionar el problema de la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, el Congreso no lo podía hacer».

Mientras, sectores de la oposición anunciaron que este lunes analizarán la posibilidad de someter al presidente Gutiérrez a un juicio político por haber violado la Constitución, en virtud a que no estaba facultado para cesar a la CSJ.

El diputado Segundo Serrano, jefe del partido Socialista, comentó que «si el presidente violó la Constitución al expedir un decreto de estado de emergencia para Quito y disolver la CSJ, debe ser políticamente interpelado en el Congreso».

Por el juicio político también se habían pronunciado legisladores del partido Izquierda Democrática (socialdemócrata), el Movimiento Popular Democrático (izquierda) y el movimiento indígena Pachakutik.

La sesión parlamentaria se produce en medio de un clima complejo: el presidente Gutiérrez declaró el viernes el estado de emergencia para Quito, pero la presión política y popular le obligó a derogar la medida el sábado, 19 horas después.

Gutiérrez había justificado la declaratoria del estado de emergencia por las numerosas protestas contra su gobierno, que se iniciaron el miércoles pasado con un paro general en Pichincha (capital Quito) y otras provincias andinas y que continuaron con cacerolazos desde el jueves en la capital.

El descontento en la zona andina se ampliará a la influyente ciudad de Guayaquil, sobre el océano Pacífico, donde su alcalde, Jaime Nebot -quien ha tenido una actitud de idas y venidas en esta crisis-, anunció caravanas de protesta este lunes.

Igualmente, los indígenas expresaron su descontento. Luis Macas, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció que podría haber bloqueos de vías en los próximos días, especialmente en el área andina, para protestar contra el gobierno de Gutiérrez.

La difícil situación ecuatoriana generó reacciones de Estados Unidos, cuya embajada en Quito señaló en un comunicado el sábado: «Hemos exhortado al Gobierno de Ecuador a que muestre moderación y respete de manera cabal los derechos civiles de todos los ciudadanos».

«Durante este periodo de incertidumbre, hacemos un llamado a todos los ecuatorianos para que se abstengan de recurrir a la violencia e instamos al Gobierno y a la oposición a que se pongan al lado intereses partidistas y se unan para encontrar una solución que resulte en un sistema judicial independiente», añade.

Igualmente el presidente chileno, Ricardo Lagos, canceló un viaje a Ecuador, previsto para la próxima semana.

Tras cuatro días de protestas, el domingo en Quito la tensión se mantenía. Aunque la mañana fue tranquila, en la tarde y noche se repetía la tónica de días anteriores donde se formaron manifestaciones que han generado enfrentamientos con la Policía.

«La destitución de la Corte Suprema de Justicia, mediante el recurso a procedimientos contrarios a los señalados en la norma fundamental, ha venido a agravar una situación ya existente de caos político y social y de incertidumbre legal», estimó la la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio exhortó, a su vez, a Gutiérrez a que «en aras a la restitución de la paz y el orden público, que se han visto severamente afectados debido a sus equivocadas y autoritarias decisiones, renuncie de manera inmediata como un gesto de ese amor a la Patria que tanto promulga, pero que tan poco demuestra».