WASHINGTON — La comisión de relaciones exteriores de la cámara baja del congreso estadounidense adoptó el jueves con apoyo bipartidista tres proyectos de ley que buscan aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Una iniciativa agrega restricciones a la exportación de gas lacrimógeno y equipos antidisturbios. Otra ordena al gobierno de Donald Trump aportar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria y la tercera encarga al Departamento de Estado y a los organismos de inteligencia una evaluación de la amenaza que representa la cooperación rusa con Venezuela.

Se espera que las tres iniciativas de ley sean sometidas a voto en el pleno de la cámara baja. Ninguna tenía el viernes versiones complementarias en el Senado.

Estados Unidos y más de 50 gobiernos reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo del país y alegan que la reelección de Maduro fue fraudulenta porque no permitió la participación de candidatos opositores.

Las tres propuestas fueron presentadas por Debbie Mucarsel-Powell, Donna Shalala y Debbie Wasserman Shultz, demócratas que representan distritos del sur de Florida con una importante comunidad venezolana.

“Hoy nuestra comisión tiene una oportunidad importante de apoyar al pueblo venezolano avanzando en estos tres proyectos de ley dirigidos a exigirle responsabilidad a Nicolás Maduro y a atender las necesidades humanitarias”, dijo el presidente de la comisión, el demócrata Eliot Engel.

Guaidó y Maduro

La comisión no sometió a votación un cuarto proyecto de ley, del demócrata David Cicilline, que cuenta con una versión correspondiente en el Senado y que busca prohibir que Estados Unidos responda con una acción militar a la crisis venezolana.

Engel dijo a The Associated Press que la propuesta de Cicilline “está en el aire, no hay nada decidido”.

Otra propuesta sobre Venezuela que incluye proyectos de ley en ambas cámaras busca otorgar un estatus migratorio temporal a los venezolanos residentes en Estados Unidos sin autorización legal.

Cerca de 300.000 personas residen en Estados Unidos con un permiso temporal migratorio (conocido por sus siglas en inglés TPS) porque sus países de origen sufrieron desastres naturales o conflictos armados.

Litigios en marcha han paralizado los intentos del gobierno de Donald Trump de revocar el TPS alegando que una mejoría en muchos de esos países ya no justifica el alivio migratorio.