WASHINGTON. El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer la ley para sancionar a altos funcionarios venezolanos señalados de cometer violaciones de derechos humanos contra opositores durante las protestas ocurridas a inicios de 2014. La Cámara de Representantes adoptó de manera unánime la iniciativa, ya aprobada el lunes por el Senado, que prohíbe la entrada a Estados Unidos de los presuntos responsables de represión y bloquea sus eventuales bienes en suelo estadounidense.

La votación envía a los venezolanos una «fuerte señal» de que «el Congreso estadounidense escucha, ve y siente su sufrimiento», dijo la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, que presentó el proyecto en la cámara baja. «Debemos atender el llamado por la libertad y la democracia alrededor del mundo y ser la voz de quienes son silenciados por regímenes opresores», añadió la legisladora, denunciando la «tiranía» del gobierno venezolano.

El presidente Barack Obama debe ahora promulgarla, pero la Casa Blanca ha dicho que no se opondría a nuevas sanciones contra Venezuela. El texto está dirigido a funcionarios señalados de encabezar o asistir «actos de violencia o abusos serios de derechos humanos», arrestos o causas judiciales contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela.

En mayo, el senador Marco Rubio recomendó sanciones contra 27 altos funcionarios venezolanos, incluyendo la fiscal general Luisa Ortega, el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, y varios gobernadores oficialistas. Las sanciones no afectarán al común de los venezolanos, indicó el congresista demócrata Juan Vargas.

«Estas sanciones no tocan el sector petrolero u otras partes vitales de la economía, solo a los (funcionarios) responsables por la represión», dijo en el pleno de la cámara. El senador Robert Menéndez, que impulsó la ley en la cámara alta, dijo que cuando el proyecto se convierta en ley «los individuos detrás de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no podrán seguir escondiéndose y serán responsabilizados».