El Congreso de El Salvador aprobó el viernes la 23ra prórroga del régimen de excepción, el cual suspende los derechos constitucionales relacionados con la defensa y detención de las personas y la privacidad de las telecomunicaciones, en el marco de una política de mano dura en el combate a las pandillas.

El decreto mantiene la suspensión de los derechos de una persona a ser informada de los motivos de su detención y a contar con un abogado defensor, y extiende la detención administrativa de 72 horas a 15 dias.

En su solicitud, el gabinete de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele indicó que la medida, vigente desde el 27 de marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 77.300 personas que permanecen encarceladas, acusadas de ser pandilleros o colaboradores de estos grupos criminales, y la mayoría de ellas sin que haya una sentencia en su contra. El mismo gobierno ha tenido que liberar a cerca de 7.000 por falta de pruebas.

La medida se aprobó con 67 de los 84 votos del Congreso unicameral.

El gobierno asegura que el régimen de excepción y las reformas al código penal han “tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción de homicidios”.

En su solicitud, el gabinete de Seguridad sostiene que los planes de seguridad han permitido la disminución de los asesinatos, y considera que es necesario que estas medidas extraordinarias se mantengan para que no exista un retroceso y de esa forma garantizar a la población la seguridad, la salud y la integridad física y moral.

La violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6.656 homicidios y era considerado uno de los países más peligrosos del mundo. La nación centroamericana cerró el 2023 con 214 asesinatos, entre ellos 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas.

En enero de 2024 El Salvador registró 10 homicidios, y en lo que va de febrero sólo se reportan dos.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado maltrato a los presos y decenas de muertes en las cárceles durante el régimen de excepción.

En el debate el Congreso, la diputada Claudia Ortiz del partido conservador VAMOS dijo que con el régimen de excepción “todos los salvadoreños pierden sus derechos y garantías constitucionales”.

En respuesta, la diputada Alexia Rivas, del partido oficialista Nuevas Ideas, manifestó que “los salvadoreños están agradecidos porque no los hemos dejado solos y vamos a seguir protegiendo la vida, la paz y la tranquilidad de cada persona porque ese es nuestro compromiso, y el régimen de excepción se mantendrá hasta que ustedes así lo decidan”.

“La mayoría de los salvadoreños no quieren que los pandilleros salgan de las cárceles, ni que el país vuelva a ser uno de los más violentos del mundo”, agregó la diputada Dania González, también de Nuevas Ideas.