Lima.– El Congreso de Perú aprobó ayer el informe que recomienda denunciar a 132 personas por el capítulo peruano del caso Lava Jato, entre ellos los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, pero no al expresidente Alan García ni a la líder opositora Keiko Fujimori, investigados en la Fiscalía.
El informe de la comisión parlamentaria que investigó el caso Lava Jato fue aprobado por el pleno del parlamento, donde el fujimorismo tiene mayoría, y será remitido a la Fiscalía y a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
El documento inculpa a las personas que intervinieron en los presuntos sobornos e irregularidades de empresas brasileñas en once proyectos de infraestructura ejecutados en Perú, que supuestamente generaron al Estado peruano un perjuicio de 15.000 millones de soles (4.450 millones de dólares).
A Toledo (2001-2006), cuyo caso lo lleva la Fiscalía desde hace casi dos años, se le atribuye haber recibido presuntamente 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de varios tramos de la carretera interoceánica del norte.
Toledo está a la espera de que Estados Unidos resuelva una solicitud de extradición cursada por la Justicia peruana para que sea internado en prisión preventiva por 18 meses mientras se le continúa investigando por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.
El informe imputa a Humala (2011-2016) infracciones constitucionales e imparcialidad de funcionarios en las licitaciones adjudicadas a OAS y Odebrecht para el Centro de Convenciones de Lima, el Gasoducto Sur Peruano y el proyecto de regadío de Olmos.
Por su parte, Kuczynski (2016-2018) está imputado por presunto lavado de activos en el proyecto Olmos, el mismo donde su consultora Westfield Capital facturó 782.000 dólares a una filial de Odebrecht por asesorías entre 2004 y 2007, cuando él era ministro del Gobierno de Toledo.
Antes de la votación, el fujimorismo y el Partido Aprista Peruano (PAP) rechazaron una iniciativa para incluir en el informe a sus respectivos líderes Keiko Fujimori y el expresidente Alan García (2006-2011) por sus nexos con empresas brasileñas inmersas en el informe.
La congresista fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la comisión investigadora, argumentó que Keiko Fujimori no figura en su informe porque no fue funcionaria pública en los casos indagados.
Sin embargo, sí está inculpada la ex primera dama Nadine Heredia, esposa del expresidente Humala, por presuntamente haber recibido un soborno de 4,75 millones de soles (1,4 millones de dólares) de OAS por la construcción de un hospital en la sureña ciudad de Cusco, a pesar de que ella no era funcionaria pública.
En el caso de García, la comisión Lava Jato decidió exonerarlo de las acusaciones de colusión, cohecho y negociación incompatible por las irregularidades en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, donde supuestamente Odebrecht pagó sobornos por valor de 24 millones de dólares.
Por ese mismo caso el expresidente está citado el próximo jueves 15 de noviembre para ser interrogado por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones de la irregularidades cometidas por Odebrecht en el país.
En ese marco, el mismo fiscal logró que Fujimori fuese recluida en prisión preventiva desde el 31 de octubre por presuntamente haber lavado grandes cantidades de dinero para financiar su campaña para las elecciones de 2011, entre ellas un millón de dólares que Odebrecht afirmó haber entregado para su campaña.
El conjunto de proyectos, obras y concesiones que investigó la comisión Lava Jato suma alrededor de 52.300 millones de soles (unos 16.000 millones de dólares) en inversión.
La mayoría de estas obras fueron adjudicadas a la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos entre 2005 y 2014, un período que contempla los mandatos presidenciales de Toledo, García y Humala