Con el Congreso a su servicio  durante los 30 años de tiranía Trujillo produjo  siete reformas a la Constitución, en su mayoría para darse mayor control y poder sobre el país, enaltecer su figura, proteger sus bienes y consumar otros objetivos políticos personales, aunque, como paradoja, sobresale el reconocimiento de los derechos de la mujer como un indiscutible logro de justicia social.

De igual manera, se destaca la representación de las minorías en los municipios y el establecimiento de un sistema monetario y financiero, con la creación del Banco Central.

           Particularmente, el servilismo del Senado llegó a tal extremo que a finales de la tiranía, el organismo se sumó a la “justiciera” iniciativa del presbítero Zenón Castillo de Aza, quien procuraba que se otorgara a Trujillo, cosa que no logró, el título de “Benefactor de la Iglesia Católica de la República”.

Eternidad.  Como una forma de preservar su patrimonio incluso después de la muerte, a través de la reforma del 1955, Trujillo introdujo un dispositivo que hacía inembargables  las cuentas y propiedades del presidente y vicepresidente de la República, incluyendo las de sus familiares, viudas y herederos.

           Según refieren los historiadores Mu-Kien Adriana Sang, José Chez Checo y Francisco Cueto Villamán en el libro “El Senado de la República, historia y porvenir”, el Congreso, sobre todo el Senado, jugó un papel fundamental como justificador y “legalizador” de las acciones del dictador.

          “Trujillo, además, se dedicó a suprimir la separación de los poderes y tanto el Legislativo como el Judicial, en sentido general, cayeron en el más censurable servilismo”, plantean los tres intelectuales.

Renuncia previa.             Así, Trujillo impuso “un disimulado sistema mediante el cual todo legislador o juez antes de juramentarse debía firmar una ‘renuncia previa’, sin fecha, para que el ‘jefe’ la hiciera válida cuando así lo decidieran sus conveniencias o sus caprichos”.

 En base a este accionar eran pocos los congresistas que concluían su período, entonces de cinco años, ya que la mayoría era elegida por las propias cámaras a sugerencia del sátrapa.

            Citando al historiador Flavio Darío Espinal, el libro de referencia resalta que el régimen de Trujillo usó la cuestión constitucional para, al menos, tres objetivos, a saber:

 1ro. Representar un “ritual democrático” de modo periódico y sistemático, lo que se notaba, especialmente, cuando había que modificar la Constitución o había “elecciones” para escoger a las autoridades donde se cumplían todos los requerimientos legales.

 2do. Presentarse en su “mejor forma” usando a los mejores abogados e intelectuales para que sus constituciones contaran con las instituciones más sofisticadas desarrolladas en los países más avanzados institucionalmente, lo que conllevaba a una “legitimación” del régimen, y

 3ro. Darles carácter constitucional a ciertos objetivos o políticas del régimen en alguna época específica.

Las siete enmiendas.    La primera enmienda a la Constitución prohijada por Trujillo se realizó en el 1934 con el objetivo, según planteó el dictador en un mensaje, de subsanar diferencias y errores, y de que su texto fuera más perfecto y permitiera realizar, de un modo más eficaz, “los propósitos en que se inspiraba nuestra organización político-administrativa”.

 Para esa época el Senado constaba de 13 senadores, quienes representaban las 12 provincias y el Distrito de Santo Domingo.

Derechos de la mujer.  La segunda enmienda a la Ley Fundamental se llevó a cabo en enero de 1942,  y entre las principales reformas figura el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer.

            De esa manera quedó establecida la igualdad civil y política entre el hombre y la mujer.

            Otra reforma de ese año fue la supresión de la Vicepresidencia de la República, la consignación de una ley que protegiera  a los hombres de trabajo y la extensión del período de gobierno a cinco años.

 En las elecciones de ese año, fruto de la citada modificación constitucional, fue “elegida” por primera vez una mujer, Isabel Mayer,  para ocupar el cargo de senadora por Montecristi.

 La tercera enmienda constitucional durante la tiranía  fue decidida el 10 de enero de 1947, cuando se estableció un sistema bancario y monetario propio y se creó el Banco Central.

 Otras reformas introducidas en esa ocasión fueron el establecimiento del poder municipal autónomo y descentralizado y el reconocimiento de la representación de las minorías cuando hubiera que elegir más de un candidato.

1955: “Año del Benefactor”. La cuarta enmienda a la Carta Magna se realizó el primero de diciembre de 1955, que el Congreso declaró como “Año del Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva”, título que, a su vez, la propia ley de leyes le otorgó al déspota, así como el reconocimiento del Partido Dominicano como “agente de cultura y civilización del pueblo dominicano”.

También, la nueva Constitución consignó la protección e inembargabilidad de los bienes de los que fueran o hayan sido presidente y vicepresidente de la República, así como de sus viudas y herederos.

Comunismo.   Una de las enmiendas consagró la incompatibilidad del comunismo con los principios  de la Constitución, la consagración de que las relaciones del Estado y la Iglesia Católica se regirían por el Concordato, suscrito antes con la Santa Sede.

              La quinta reforma fue ejecutada el siete de enero del 1959 con el único objetivo de variar la forma de modificar la Constitución; la sexta enmienda se realizó el 28 de junio de 1960 para  responder a presiones y proyectar una imagen más liberal del régimen, por lo que las reformas anticomunistas del 1955 fueron eliminadas.         

 La séptima y última reforma constitucional   se hizo el dos de diciembre de 1960 para consignar que el país  jamás favorecería   una condena contra ningún pueblo hermano de América y, además, se suprimió la Vicepresidencia.

 La primera enmienda de esta coyuntura respondía a las sanciones que le impuso la OEA al país por la participación de Trujillo en un atentado contra el entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt.

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General Antonio Imbert Barreras

Es el único sobreviviente de la gesta del 30 de mayo del 1961 que puso fin al régimen de Trujillo con el ajusticiamiento del tirano la noche del citado día cuando el gobernante se dirigía a San Cristóbal. En la acción directa participaron también: Salvador Estrella Sadhalá, Huáscar Tejeda,  Antonio de la Maza, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Amado García Guerrero, quienes fueron las personas que avisaron a los demás involucrados en la conspiración que el dictador saldría esa noche para San Cristóbal, incorporándose todos al  atentado.