POR ODALIS MEJIA
La labor del Congreso Nacional durante las legislaturas ordinaria del año 2005 y la extraordinaria del 2006 se desarrolló esencialmente en el conocimiento y  aprobación de pensiones, contratos, convenios y divisiones territoriales, según un monitoreo realizado por Participación Ciudadana (PC) a los asuntos legislativos.

Durante el período destacado se aprobaron 37 elevaciones territoriales, 16 tratados y acuerdos internacionales,  43 contratos, 33 leyes generales, 31 territoriales  y  76 pensiones, las cuales que representan una carga monetaria para el Estado de más de RD$13,000,000 al año.

Estas iniciativas legislativas corresponde a los propios miembros de ese poder del Estado, a pesar de que otros poderes tienen atribuciones para impulsar reformas y nuevas leyes. Según PC las elevaciones de categoría territoriales en la mayoría de los casos, no se corresponden con el desarrollo alcanzado por esas demarcaciones y apunta que mientras esto sucede el Congreso dejó perimir el proyecto de Ley Orgánica Municipal, que tiene por propósito crear una regulación estricta a cualquier división política del país.

En cuanto a las pensiones subraya que para las aprobaciones de la mismas no existen otros criterios que la cercanía política o familiar del favorecido con un legislador o un partido, dejando de lado los merecimientos por verdadero servicio prestado al Estado o al país. Señala que mientras esto sucede han perimido importantes proyectos de ley que formaban parte de la denominada agenda legislativa anticorrupción.

De las 28 leyes generales aprobadas sólo cuatro fueron de la iniciativa del Poder Ejecutivo: la Ley de Reforma Tributaria, de Tesorería Nacional, de Transferencia de Fondos y la Ley sobre la captación de fondos por US$300 millones.

Las 24 leyes restantes fueron iniciativas de los legisladores, mientras que los demás organismos con iniciativa legislativa, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central de Electoral, no se aprobó ningún proyecto, pese a que algunas legislaciones  aprobadas están directamente vinculadas a estos poderes del Estado. El informe de monitoreo detalla que en el período estudiado el  pleno del Senado conoció un total de 1,332 iniciativas, de las cuales 73 son proyectos de leyes de carácter general, 49 territoriales, 335 de pensiones, tres resoluciones, seis propuestas de designación, 26 resoluciones, 19 tratados internacionales, nueve contratos internacionales y 818 nacionales. Mientras que la Cámara de Diputados conoció un total de 342 iniciativas, de las cuales 94 son proyectos de ley de carácter  general,  55 territoriales , 74 proyectos de pensiones, 43 resoluciones, 17 tratados internacionales, seis contratos internacionales y 52 nacionales.

El informe fue presentado por los directivos de PC, Paulo Herrera Maluf y Javier Cabreja, quienes señalaron que aún existe  resistencia de parte ambas cámaras para el acceso a las informaciones legislativas.

Informaron que las ejecutorias de los diputados y senadores serán dada a conocer a la ciudadanía, tras reconocer que pese a la gran cantidad de proyectos de elevaciones y pensiones, se aprobaron  importantes iniciativas.

En tanto que el diputado Angel Acosta (PRD) defendió la aprobación de pensiones para beneficiar a ciudadanos que muchas veces terminan su vida productiva sin contar con un sistema de seguridad social que lo proteja. En cuanto a los contratos, dijo que deberían aprobarse más, ya que en las cámaras existen muchas de estas piezas que datan hasta del 1974, por lo que no se pueden realizar compra o venta entre el Estado y particulares.

Mientras que el diputado Pelegrín Castillo (FNP) sugirió a PC evaluar el nivel de los debates parlamentarios y las normas que lo rigen, así como su difusión en los medios, ya que es importante que la ciudadanía conozca la labor de sus representantes, lo cual ayudaría a la transparencia y la institucionalidad.