WASHINGTON (EFE).- El programa de legalización temporal de los indocumentados afronta ahora la prueba de fuego del Congreso de EEUU, donde los demócratas lo consideran insuficiente y los republicanos más conservadores creen que va demasiado lejos.

El Congreso, la Casa Blanca y grupos de todo el espectro político coinciden en que el sistema de inmigración de EEUU está «roto» pero no se ponen de acuerdo en cómo arreglarlo.

El programa de visados de tres años que presentó el presidente de EEUU, George W. Bush, el miércoles, es la receta más reciente del Gobierno para atajar la inmigración ilegal -y las más profunda desde la amnistía de 1986-, pero ya surgen voces de oposición en el Congreso.

A menos de diez meses para las elecciones presidenciales, Bush ha vendido la idea en términos de seguridad nacional porque, retomando el argumento de los grupos pro inmigrantes, es importante saber quiénes son y cuántos son los indocumentados en el país.

Las primeras pistas sobre el plan las ofreció el secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, cuando dijo el pasado 9 de diciembre que la mayoría de los inmigrantes no representan una amenaza terrorista y por ello merecen «algún tipo de estatus legal».

Ahora, sin plazos ni límites ni otros datos concretos, el Congreso debe desarrollar un proyecto de ley que incorpore los elementos planteados por la Casa Blanca.

El Congreso tendrá que negociar diversos asuntos relacionados con el programa en cuestión, incluyendo lo que se cobrará por las cuotas de inscripción, cuántas veces podría renovarse y exactamente a cuántos beneficiaría.

El plan migratorio de Bush tampoco aclara qué opciones tendrían los indocumentados para pasar de simples trabajadores temporales a residentes permanentes.

Se calcula que el plan, una vez aprobado, podría beneficiar a entre 8 y 12 millones de personas que viven y trabajan en la clandestinidad, de las cuales aproximadamente 4 millones provienen de México.

Bush reconoció que los trabajadores inmigrantes son parte importante de la espina dorsal de la economía estadounidense y eso, según algunos activistas, es un buen punto de partida.

La idea ha sido aplaudida por la Cámara de Comercio de EEUU y del sector empresarial, particularmente de aquellas compañías que dependen de la mano de obra extranjera para las labores de construcción, agricultura y hostelería.

México sería el país más beneficiado por el programa pero ha recibido la propuesta con optimismo reservado, pese a que el presidente Vicente Fox ha dicho que las remesas de dinero que mandan los emigrantes a sus familias -unos 12.000 millones de dólares anuales- son la principal fuente de divisas en ese país.

«No hay que echar las campanas a vuelo porque aún falta la aprobación del Congreso», reconoció Fox.

A juzgar por las reacciones en el Congreso, que son más de rechazo que de apoyo, su aprobación en el Legislativo no está garantizada.