Congreso EU condiciona ir en ayuda de Puerto Rico

Congreso EU condiciona ir en ayuda de Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico.- Tras meses de peticiones del gobierno de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos ha aceptado ayudar al territorio a reestructurar su enorme deuda pública. Pero a cambio de un alto coste: perder un cierto grado de soberanía con la imposición de una junta de control fiscal, así como la introducción de un posible salario mínimo más bajo para los trabajadores jóvenes de la isla.

Las cláusulas del acuerdo bipartisano pretenden evitar una suspensión de pagos desordenada de los 70,000 millones de deuda pública de la isla. Pero provocaron un cierto malestar en Puerto Rico, donde la gente ha soportado una década de declive económico constante y muchos sienten un resentimiento por su relación dispar con el territorio continental estadounidense.

Sin embargo, el acuerdo hizo que otros respirasen aliviados, ya que creen que podría ayudar a los puertorriqueños a reconstruir su economía al tiempo que establece un muy necesitado control sobre su gobierno. “Debió de ser así desde hace mucho tiempo”, comentó José Jeaudoin, gerente de restaurante.

“Se ha probado desde hace muchos años que el gobierno no sabe administrar. Cada vez que el gobierno controla algo, no sirve o se va a la quiebra”.

La ley establece la creación de una junta de control de siete miembros nombrada por el Congreso y el presidente, que supervisaría la reestructuración de parte de la deuda, ordenada por un juez. También exigiría que el gobierno puertorriqueño presente presupuestos y cree un plan para incorporar la responsabilidad fiscal y lograr acceso futuro a los mercados financieros. La junta también se encargaría de defender los derechos legales de los acreedores y apalancar el déficit en las pensiones, en una isla que tiene un agujero en su sistema de pensiones de más de 40,000 millones de dólares.

La ley estadounidense impide a las agencias públicas y municipios de Puerto Rico declararse en bancarrota y reestructurar su deuda bajo supervisión judicial. “La situación es desesperada”, comentó Valerie Franklin, propietaria de una tienda de recuerdos.

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