WASHINGTON (AFP) – El Congreso de Estados Unidos puso fin en la madrugada del sábado a su centésimo novena legislatura que, bajo control del oficialismo republicano, relegó a un segundo plano los intereses de América Latina.

Una reforma migratoria fracasada, la decisión de construir un muro fronterizo en casi 1.200 km de frontera con México, y tratados de libre comercio con países latinoamericanos pendientes de aprobación, constituyen buena parte de la herencia para América Latina de los dos últimos años de control republicano del Congreso.

Aunque el presidente George W. Bush había establecido como una de sus prioridades para su segundo mandato una reforma migratoria amplia, que permitiera crear un sistema de permisos de trabajo temporales para 12 millones de inmigrantes indocumentados que residen en el país, su propio partido desoyó su pedido y la idea fracasó.

Fue el sector más radical del Partido Republicano en la Cámara de Representantes que impidió este año la aprobación de un proyecto de reforma que aunque incluía medidas para frenar la entrada al país de inmigrantes ilegales, también abría el camino a la regularización de los indocumentados que ya viven en Estados Unidos. La construcción de un muro en 1.130 kilómetros de la frontera que separa a Estados Unidos de México fue la única medida que sobrevivió del proyecto de reforma, y fue aprobada en el Congreso y promulgada por el mandatario en medio de la campaña electoral por las legislativas del 7 de noviembre, que tuvieron a la seguridad interior como uno de sus temas centrales de debate.

Rechazado por México por considerar que “lesiona” las relaciones bilaterales, el propio mandatario estadounidense ha reconocido que el muro no constituye una solución al ingreso de personas ilegalmente por la porosa frontera sur del país, y ha manifestado su voluntad de trabajar con el próximo Congreso para buscar que una reforma amplia sea aprobada.

Al final de la legislatura el sábado, el balance de los últimos dos años de Congreso bajo control republicano -de un período continuado de 12 años- mostraba también temas pendientes en materia comercial con algunos países latinoamericanos cercanos a Estados Unidos.

Aunque resolvió prolongar en la madrugada del viernes al sábado por seis meses un sistema de preferencias arancelarias que beneficia a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, el Legislativo dejó para el próximo Congreso la decisión de aprobar o no sendos tratados de libre comercio (TLC) que Estados Unidos firmó con Bogotá y Lima.

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA), que establece el ingreso sin aranceles de cientos de productos andinos al gigantesco mercado estadounidense a cambio de cooperación antidrogas, penó para ser aprobada en el Congreso e incluso se extendió sólo por seis meses, en lugar de los 12 meses que reclamaban las naciones andinas.

Además, el texto incluye una disposición que permite extender por seis meses más el beneficio, si y solo si cada uno de los cuatro países -y también Estados Unidos- logra la aprobación legislativa de TLC bilaterales.

Perú y Colombia ya han firmado acuerdos de este tipo con Estados Unidos, y los legisladores peruanos han incluso ratificado el acuerdo.

Pero ninguno de los dos pactos llegó a considerarse en el Congreso estadounidense este año a pesar de los pedidos y la fuerte ofensiva diplomática lanzados por los gobiernos peruano y colombiano.

Para Bolivia y Ecuador, la decisión del Congreso constituye una presión adicional para buscar acuerdos de libre comercio, a riesgo de perder beneficios arancelarios de los que dependen cientos de miles de empleos en sectores exportadores.

Y esto con el agregado de que ni el gobierno del izquierdista Evo Morales, ni el presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, son partidarios de buscar TLC con Estados Unidos.

Los demócratas tomarán el control de ambas cámaras del Congreso el próximo 4 de enero, tras la fuerte derrota sufrida por los republicanos en las elecciones legislativas del 7 de noviembre.

Cumplirá su parte

Washington (EFE).- El presidente de EEUU, George W. Bush, que lleva a cabo una intensa serie de contactos para decidir sobre la nueva estrategia en Irak, dijo ayer que cumplirá su parte para lograr la victoria en el país árabe.

La afirmación e intensa actividad en la Casa Blanca para decidir un cambio de rumbo en Irak, ante la gravedad de la situación que ha sido reconocida por el propio mandatario, ocurre en medio del aumento de las presiones generales para hallar una salida digna a la crisis.

Bush mantuvo esta semana reuniones y otros contactos personales con aliados como el Primer Ministro británico, Tony Blair, y los líderes republicanos y demócratas del Congreso, a fin de escuchar sus puntos de vista sobre la política estadounidense en ese país y las posibilidades de tomar otro rumbo.

   El presidente reconoció ante el líder del grupo chií “Asamblea Suprema para la Revolución Islámica” (ASRI), Abdulaziz al Hakim, que no está satisfecho con el ritmo del progreso en Irak, durante una reunión que mantuvieron el lunes pasado en la Casa Blanca.

   El lunes próximo, Bush celebrará una cita sobre la crisis iraquí en el Departamento de Estado y después se reunirá en su despacho en la Casa Blanca -la Oficina Oval-, con expertos independientes sobre Irak.

   El martes, realizará una teleconferencia con los mandos militares en ese país y con el embajador estadounidense en Bagdad, Zalmay Khalilzad, y al día siguiente se reunirá con militares de alto rango en el Pentágono.

   Durante su habitual mensaje radiofónico sabatino, Bush afirmó hoy que “el futuro de una vital región del mundo -el Oriente Medio-, y la seguridad del pueblo de Estados Unidos, dependen de la victoria en Irak”.

   “Confío en que podamos superar nuestras diferencias políticas y juntos lograr la victoria”, precisó el mandatario tras garantizar que “yo haré mi parte” para concretar esta meta.

   Se mostró satisfecho de que la comisión independiente que esta semana le recomendó una nueva estrategia en Irak, no le haya sugerido una rápida salida de las tropas estadounidenses, como piden algunos demócratas y varios sectores.

   Reiteró que analizará detenidamente las 79 recomendaciones del grupo, que reconoció la situación iraquí como “grave” y que indicó que simultáneamente al cambio de estrategia, se debe reducir la participación en combate de los militares de EEUU.

   Actualmente, Washington mantiene en Irak unos 150.000 militares que llevan a cabo una diversidad de tareas, incluidas patrullas que esporádicamente entran en combate con los insurgentes.

   Bush manifestó que le alegra que la comisión, encabezada por el ex secretario de Estado James Baker y el ex legislador demócrata Lee Hamilton, acepte que una pronta retirada de los efectivos estadounidenses derivaría en el caos y en una tragedia humanitaria iraquí.

   Hamilton declaró el jueves pasado, en una audiencia del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, que en Irak “la solución no vendrá caída del cielo, no puede ser algo idealista, tiene que ser muy pragmática”.

   Poco antes había dicho a la cadena de televisión ABC que la comisión “busca limitar el papel de combate de las fuerzas de EEUU en Irak, dejándolo cada vez más para los iraquíes”.

   Bush considera que para poder cumplir las metas en Irak se requerirá mucho tiempo, pero que todo dependerá “primariamente” de las acciones del pueblo de ese país.

   Estuvo de acuerdo con la comisión independiente que entregó el informe para un cambio de estrategia, en la urgencia de conseguir encauzar a Irak en el “camino correcto”.

   El presidente reiteró que el grupo también entiende que el trabajo por delante no será fácil y que coincide con su informe en que “el éxito es importante, y es posible”.

   El jefe del Ejecutivo estadounidense destacó que “ahora es la responsabilidad de todos nosotros en Washington -republicanos y demócratas por igual-, unirnos y encontrar un gran consenso para seguir adelante” en Irak.