El Senado de la República decidió ayer formar una comisión bicameral para hacer una “revisión profunda” de los contratos suscritos entre el Estado y generadoras eléctricas.

La decisión, adoptada en base a una resolución propuesta por el senador Euclides Sánchez, del partido de gobierno, está apoyada en la afirmación  de que las empresas generadoras de electricidad derivan beneficios adicionales por más de US$150 millones. El objetivo de la revisión es conseguir que la justicia prevalezca y los costos energéticos sean similares a los de otros países.

 El documento aprobado por el Senado no precisa qué contratos serán  analizados por diputados y senadores.

El Senado aprobó ayer la formación de una comisión bicameral para la “revisión profunda” de los contratos de las generadoras de electricidad, mediante una resolución en la que reconoce que “la clase política ha sido cómplice de este tipo de negocio que fortalece a los poderosos y perjudica a los necesitados.”

El documento, de la autoría del senador Euclides Sánchez (PLD-La Vega), expresa que mediante la investigación se persigue que la justicia prevalezca a fin de que los costos de la energía eléctrica sean similares a los de los demás países, “y no contar con los costos de  energía eléctrica más cara del mundo.”

En sus considerandos, la resolución recuerda que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Radhamés Segura, reveló que en los contratos con las suplidoras de electricidad han habido irregularidades que proporcionan a esas empresas beneficios adicionales por más de US$150 millones al año.

La resolución agrega que es injusto que esas firmas obtengan beneficios adicionales mayúsculos mientras el gobierno tiene que desprenderse de recursos internos para subsidiar a sectores deprimidos de la sociedad.

Recuerda que el presidente Leonel Fernández, en su discurso del pasado día 16, defendió  la consigna de “cero tolerancia a la corrupción.”

Reconoce. En otro orden, el Senado fue apoderado de un proyecto de ley que dispone un reconocimiento póstumo a Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

 La resolución en tal sentido, original del senador Germán Castro (PRSC-La Altagracia) fue remitida a estudio de una comisión especial.

En la jornada de ayer, el Senado aprobó además sendas resoluciones de reconocimiento a la Primera Dama de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, así como al músico Johnny Pacheco y a la doctora Bernarda Isabel Jiménez, profesional de la medicina dominicana honrada recientemente con la membresía del Comité Político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El reconocimiento a la Primera Dama lo propuso el senador Félix Nova (PLD-Monseñor Nouel), el de Pacheco, el senador Adriano Sánchez Roa (PRSC-Elías Piña) y el de la doctora Jiménez, la senadora Cristina Lizardo (PLD-Santo Domingo).

Se retracta. Por otro lado, el presidente del Senado, doctor Reinaldo Pared Pérez, aclaró que el gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdez Albizu, remitió al hemiciclo el informe relativo al ejercicio de la entidad bancaria de conformidad con lo que dispone la Ley de Recapitalización de la misma.

 Pared Pérez dijo que por un error había advertido sobre las sanciones que dispone la citada ley contra los que la violan.

Señaló que Valdez Albizu remitió el citado informe pero que él no tuvo conocimiento oportuno del mismo porque se encontraba fuera del país.

El legislador dijo que hacía la corrección porque el citado funcionario sí cumplió con la ley.

Pared Pérez había advertido que la ley dispone cárcel y degradación cívica contra los incumplidores.

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Apoyo a Wilton

1.  El bloque senatorial del PLD respaldó ayer la lucha del representante de Peravia, Wilton Guerrero, contra la delincuencia y el narcotráfico.

2. Al hacer el anuncio, el senador Charlie Mariotti dijo que “estamos dispuestos a cargar con todas las consecuencias, por más negativas que sean, en defensa de una postura valiente y responsable como la del senador Guerrero.”

3. El congresista dijo que realmente no hay coherencia en las acciones de las instituciones llamadas a combatir ese flagelo.