Cuando una organización, nacional o plurinacional, o entidad pública de cualquier nivel o rango o cobertura patrocina, o simplemente recomienda tolerar una determinada conducta, debe estar, por ley, obligada a explicar y justificar sus respectivas posturas, recomendaciones o patrocinios. Sus posiciones y actuaciones deben ser públicamente esclarecidas y sustentadas en estudios científicos sólidos y en nuestras leyes constitucionales.

Sobre todo cuando se trata de entidades financiadas con fondos de los Estados miembros (ONU, OEA, entre otros) más aún aquellas que reclaman u ostentan jerarquías, coberturas o competencias internacionales; debiendo explicar cuáles son los beneficios a corto y largo plazos para las familias y las sociedades y, desde luego, para futuras generaciones. 

El asunto cobra la mayor envergadura, pues se trata, al parecer, de propuestas que cuestionan hábitos, costumbres, creencias y principios en los cuales se han basado todas las sociedades del mundo occidental, y otras muchas, y de los cuales depende su “psique colectiva” o alma nacional, como lo puede ser todo lo referente a la conducta sexual de niños y adultos.

Puede leer: Identidad y patria: asunto de vida o muerte (2/2)

Nuestras principales instituciones educativas, jurídicas y de salud deben exigir las explicaciones de lugar respecto a cualquier iniciativa de dicha organización, los principios éticos y científicos en los que basan cualesquiera de sus iniciativas, ya que son estas instituciones nacionales, de cada país, las que están en las condiciones legales y científicas para entender y patrocinar o desechar, incluso obstruir y exigir la anulación de cualquier iniciativa o proyecto que incida en cualquier aspecto de la vida de nuestras naciones miembros de la ONU.

Debe seriamente preocuparnos el solo hecho de que nuestra sociedad ni siquiera ha manifestado inquietud alguna, individual o colectivamente, pública o privadamente. Tampoco nuestras instituciones públicas han solicitado explicación alguna.

El tema debe ser discutido en foros y congresos universitarios, con toda la profesionalidad y neutralidad de las ciencias médicas, sociales y jurídicas. Pues es lo ética y científicamente correcto que cualquier conducta que beneficia o daña a nuestras sociedades, como las de tipo sexual, incluidas cualesquiera de las variantes en boga, debe ser objeto del interés de todos los ciudadanos del mundo; particularmente, quienes a través de nuestros Gobiernos somos miembros de la ONU, y así estar debidamente enterados y ser formalmente beneficiarnos de tales hallazgos.

La Academia de Ciencias, cuya misión postula equidistancia respecto a intereses y posiciones ideacionales, haría un gran servicio a la nación invitando a la ONU, los congresistas, los ministerios y las universidades a iniciar dichas conversaciones, en el ambiente más pulcro y neutral posible, y dichos debates mantenidos dentro de lo estrictamente científico, legal y ético.

Fundamentalmente, el Congreso Nacional, las facultades de medicina, derecho y ciencias de la conducta están obligados a que todos sus profesores y egresados estén perfectamente informados de los beneficios que tiene el sexo temprano; con quiénes conviene practicarlo, así como las recomendaciones profesionales sobre el tema que garanticen la salud y el bienestar infantil, y la no desestabilización de nuestro orden familiar y social.