Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
El Congreso Nacional no ha sancionado desde el 1998 los informes de la Cámara de Cuentas sobre el estado de recaudación e inversión de las rentas públicas presentado por el Poder Ejecutivo, lo que viola la Constitución y los reglamentos internos del Senado y la Cámara de Diputados.
En cada uno de los casos, afirman fuentes congresionales, los plenos de ambas cámaras han engavetado los informes de la Cámara de Cuentas sobre los ejercicios del gobierno por «politiquería.»
Recordaron que al doctor Salvador Jorge Blanco, que presidió la administración 1982-86, tampoco le aprobaron los informes de la Cámara de Cuentas sobre su ejercicio, por lo que el ex mandatario no pudo utilizar la aprobación congresional de aquéllos como prueba de descargo en el juicio que se le siguió por manejo irregular de fondos públicos.
Aunque el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tuvo mayoría absoluta en el Senado y relativa en la Cámara de Diputados, el Congreso tampoco le aprobó al ex presidente Hipólito Mejía el estado de recaudación e inversión de su mandato 2,000-2004.
Los citados informes de la Cámara de Cuentas aún reposan en los archivos del Senado, entre los que figura el correspondiente al 2004 y 2005 del presidente Leonel Fernández.
El numeral 2 del artículo 37 de la Constitución, cita entre las atribuciones del Congreso la siguiente:
«Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.»
En los casos de los años del 1998 al 2005, el Senado ha recibido los informes de la Cámara de Cuentas, pero los mismos no han sido sancionados por los plenos de las cámaras legislativas. La documentación reposa en las comisiones de Presupuesto y de Finanzas porque éstas no han rendido los informes de rigor.
Por consiguiente, esos informes no han sido aprobados, pero tampoco desaprobados porque los plenos del Senado ni de la Cámara de Diputados no se han pronunciado ni en favor ni en contra respecto a los referidos ejercicios gubernamentales.
El comportamiento de los congresistas en estos casos riñe con la Constitución y, asimismo, con los reglamentos internos de las cámaras, que reclaman el pronunciamiento -aprobación o no- de todos los asuntos de que son apoderadas.
