Las estadísticas que con sentido crítico lleva a cabo la organización cívica Participación Ciudadana sobre las labores del Congreso Nacional acaban de arrojar un resultado negativo.

El balance de leyes y resoluciones conocidas por las Cámaras Legislativas en los primeros 90 días de la legislatura ordinaria que inició el 27 de febrero incluye un elevado número de cuestiones consideradas intrascendentes, como asignar nombres a lugares públicos, y un “festival de pensiones: 304 aprobadas en el Senado y 33 en la Cámara Baja.

Aun cuando reconoce que el Senado, en particular, ha seguido por segundo año consecutivo una agenda de prioridades, la entidad de la sociedad civil considera oportuno reclamarles a los legisladores que aprovechen el tiempo que les resta en ejercicio para avanzar en el conocimiento y discusión de importantes piezas que están pendientes.

Satisface, no obstante, que el Senado convirtiera en leyes antier dos proyectos que otorgan personería jurídica y autonomía operativa a las direcciones generales de Aduanas e Impuestos Internos, reconociéndoles patrimonios propios.

Este es un paso considerado imprescindible para que el sistema recaudador del Estado adquiera fortaleza institucional y técnica para responder a sus compromisos éticos y profesionales y seguir perfeccionado su captación de tributos.

Pero en sentido general el Poder Legislativo está en deuda con el país. Algunas reformas importantes se estancaron en los últimos tiempos y ha faltado, en particular, que la Cámara de Diputados –siguiendo el ejemplo del Senado- se trace una agenda de prioridades.

Cabe hacer una observación: se ha criticado con toda validez el uso de recursos del Estado en el proceso electoral que culmina, pero casi siempre con el dedo acusador señalando solamente hacia el Poder Ejecutivo.

Se trata de una apreciación incompleta. El proselitismo redujo la labor legislativa a su mínima expresión en los últimos meses, con muchos congresistas empeñados en reelegirse.

Dedicaron, evidentemente, al activismo de sus particulares aspiraciones políticas y personales, parte del tiempo pagado por los contribuyentes para que cumplieran sus elevadas funciones. Todos estos usos y abusos del Poder (no importa de cuál de ellos) suponen violaciones a las reglas fundamentales de la democracia y el ejercicio de la autoridad.

-II-

La medición de Participación Ciudadana al desempeño de este Congreso expone una preocupante omisión en el cumplimiento de obligaciones constitucionales.

La misión del Poder Legislativo no es sólo de aprobar leyes rutinariamente. Debe además cumplir funciones fiscalizadoras sobre el Poder Ejecutivo y servirle de contrapeso.

Las memorias de los diferentes secretarios de Estado, y de la gestión del Gobierno en sentido general, fueron recibidas por última vez por este Congreso el pasado 27 de febrero, y para los legisladores aquello fue como quien oye llover.

Lo que correspondía –como observa Participación Ciudadana- era someterlas a estudio. Como debió suceder y no sucedió tampoco con los informes de auditorías rendidos por la Cámara de Cuentas tras examinar, como ordena la ley, la forma en que el Gobierno central manejó recursos puestos a su cargo.

Es decir: Un Congreso controlado abrumadoramente por la oposición no procedió a revisar y valorar con entereza las ejecutorias de un Poder del cual no es sólo independiente sino adversario.

Se trata de una señal ominosa, pues en virtud del último resultado electoral, lo legislativo y lo ejecutivo pasarán a un solo predominio político a partir del 16 de agosto.

La opinión pública debe preocuparse y sentirse alertada. La prensa en general, la oposición minoritaria en las Cámaras, y la sociedad civil, tendrán que esforzarse para que la separación de los poderes no sufra en este cuatrienio una merma que en ocasiones se pueda traducir en imposiciones unilaterales.