RAFAEL TORIBIO
En nuestro sistema político, un partido con mayoría relativa en la Cámara de Diputados y absoluta, llegando casi a la totalidad en la del Senado, ha obligado al Poder Ejecutivo a un proceso de negociación en razón de que el bloque de sus legisladores decidió que de no hacérsele algunas concesiones no aprobarían iniciativas legislativas provenientes del Palacio Nacional, sobre todo aquellas que representen compromisos establecidos en el acuerdo recientemente firmado con el Fondo Monetario Internacional. El proceso se inició en el Senado, pero luego pasó a los diputados, y todo parece indicar que se quiere que esa sea la norma en las relaciones entre estos dos poderes del Estado: el Legislativo oponerse a las iniciativas legislativas del Ejecutivo para forzar una negociación, que debe aceptarse para asegurar la gobernabilidad.

La gobernabilidad bien entendida es concebida como la capacidad de los órganos e instituciones principales del sistema político de procesar las demandas y responderlas de manera satisfactoria y oportuna. Sin embargo, normalmente esta capacidad, que es responsabilidad de distintos órganos e instituciones, está referida sólo al gobierno, y se le hace depender excesivamente de la relación de poder que pueda existir entre el Legislativo y el Ejecutivo. Para muchos, especialmente, según parece, para los legisladores, la gobernabilidad del sistema político depende de quién tenga la mayoría en el Congreso.

A consecuencia de la separación entre las elecciones Presidenciales de las Congresionales y Municipales, la potencial situación de minoría del Ejecutivo en el Legislativo puede darse con cierta frecuencia en nuestro sistema político. Ha ocurrido en los dos gobiernos del PLD presididos por el doctor Leonel Fernández. En el primero fue permanente por los cuatro años del gobierno y en este segundo será, por lo menos, durante los dos primeros años del período.

La división de los poderes del Estado, una de las características fundamentales de la democracia, no se ha establecido ni para dar como resultado la inmovilidad del gobierno por la oposición de congreso, ni para promover la actuación autónoma de ambos poderes que impida la debida coordinación entre ellos. Lo que se persigue es la colaboración desde ámbitos diferentes de competencias, pero complementarios, para lograr la eficiencia, la eficacia y la gobernabilidad.

El comportamiento del Poder Legislativo obstruyendo al Poder Ejecutivo fue anunciado durante la campaña electoral en las elecciones presidenciales pasadas. Hasta la dirigencia mas sensata del PRD defendió que una de las razones por las que no se debía votar por el PLD y su candidato era, precisamente, porque al ser minoría en el Congreso no podría gobernar. Esta declaración, además de significar una realidad, que el PRD tenía la mayoría en el Legislativo, era también una amenaza de utilizar, de manera irresponsable, su predominio en las Cámaras Legislativas. Y eso es lo que ahora se está haciendo.

Una lección que debe ser aprendida de esta experiencia son las consecuencias negativas del predominio excesivo de un partido en el Congreso que puede utilizar la mayoría de que dispone con un alto grado de irresponsabilidad política, oponiéndose a las iniciativas provenientes del Ejecutivo para obligarlo a negociaciones donde el interés nacional es sustituido por el de personas particulares, incluyendo hasta la búsqueda de impunidad por actos reñidos con la ética y la ley que pudieran haber realizados en el desempeño de cargos públicos. La experiencia de un partido con la amplia mayoría que tuvo el PRD en el Congreso cuando fue gobierno, y que mantiene estando en la oposición, parece indicar lo inconveniente que puede ser cuando esa mayoría se utiliza de manera irresponsable. En ambos casos, la gobernabilidad puede estar en peligro. Todo indica que el predominio excesivo de un partido es negativo, tanto si está en el gobierno como en la oposición, porque pone en peligro la gobernabilidad y puede forzar al gobierno a la ilegalidad.

En sociedades como la nuestra, frente a la obstrucción del Legislativo al Ejecutivo, normalmente se siguen dos caminos. Uno es la aceptación del chantaje y proceder a iniciar un proceso de negociación para hacerse concesiones mutuas, en aras de preservar la gobernabilidad. La otra es apelar a las facultades del artículo 55 de la Constitución para intentar lograr por decreto lo que no se puede obtener por la aprobación de leyes en el Congreso. El Ejecutivo intenta, entonces, gobernar por decreto, sustrayéndole esa prerrogativa al Legislativo. Cuando esto ocurre, tanto la gobernabilidad como la institucionalidad democrática peligran. La obstrucción del Congreso al Ejecutivo puede conducir a la ingobernabilidad, pero gobernar por decreto puede llevar al Ejecutivo hasta la ilegalidad, que puede terminar en la ilegitimidad. Gobernar por decreto puede ser una tentación en que la medicina sea igual o peor que la enfermedad.

¿Qué hacer? Bajo ninguna circunstancia se debe aceptar la impunidad por el chantaje, como forma de asegurar la gobernabilidad. La justicia debe proceder en los casos de acusaciones de corrupción observando el debido proceso, de manera irrestricta, para dejar sin asidero la argumentación de la persecución política cuando de lo que se trata es de la persecución de políticos que hicieron un uso inadecuado del poder que se les delegó y de los recursos públicos que administró. Además, el gobierno, en vez de conceder, debe poner en evidencia el chantaje y lo que se pretende, y solicitarle a la ciudadanía que en las próximas elecciones modifique la correlación de fuerzas existentes en el Congreso.