HAMLET  HERMANN
Yo sé que hubo gran corrupción en el Plan Renove.
Tu, lector, sabes que hubo generalizada corrupción en Renove.
Él, el presidente Hipólito Mejía, siempre supo que en Renove había total corrupción.
Ella, la jueza, se convenció de que Renove y corrupción descarada eran la misma cosa.

Nosotros, los que pagamos impuestos, nos enteramos hace tiempo de la corrupción en Renove porque nos lo dijo el Contralor General de la República del gobierno de Hipólito Mejía.

Vosotros, los intermediarios del extranjero, sabíais que os estabais asociando a estafadores y aún así continuasteis con el desfalco.

Ellos, los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sabían que Renove hedía de pies a cabeza pero ni siquiera se taparon la nariz.

No creo que alguien en su sano juicio se atreva a contradecir ese ejercicio de conjugación verbal. La advertencia inicial de que algo andaba mal en Renove fue la renuncia del primer dirigente que tuvo. El presidente Mejía trató de buscar alguien que le diera prestigio y decencia a ese plan a cambio de que la impunidad se mantuviera. Pero no encontró a alguien que aceptara ese tipo de venenosa oferta. Y así fue pasando el tiempo.

Sin ánimo de disculpar a la jueza Agelán Casasnovas, ella hizo lo que pudo dentro de las pruebas que le fueron presentadas por el Ministerio Público. Lo que hay que entender ahora es que algunos de los dirigentes del Plan Renove supieron nadar y guardar la ropa mientras otros se alocaron con la idea de que la reelección de Hipólito Mejía les garantizaría la impunidad absoluta. Y se equivocaron. De ahí los descargos a unos y las sentencias leves para otros. Los exculpados dirigentes de Renove, coincidencialmente provienen de un nido común y cuentan con una experiencia administrativa considerable. Sabido es de sobra que en este país los autores intelectuales no pagan sus culpas. Son los ejecutores, las marionetas, los que pagan con sus huesos en la cárcel o en una cómoda prisión domiciliaria. Si alguna duda queda, mirémonos en el espejo del asesinato de Orlando Martínez en el que veremos que sólo los sicarios están pasando penurias de un tribunal a otro, no así los autores intelectuales.

La moraleja de esta sentencia judicial es aleccionadora. Cualquiera puede robarse todo lo que quiera en la administración pública si tiene el «know how» y cuenta con la estructura corporativa de la corrupción. Se estafa al Estado en sumas multimillonarias y la sanción será del dos y medio por ciento (2.5%) del desfalco. Eso es mucho menos que las comisiones que exigen funcionarios de alto rango las cuales rondan el diez o el veinte por ciento. Unos cuantos meses de prisión en la cárcel de Najayo o en su propio hogar con todas las comodidades son nada si poco tiempo después se puede volver a los mismos lugares de antes a disfrutar del producto de la estafa. Además, mientras se está preso, los vehículos de los que se apropiaron con la estafa ruedan por las calles produciendo dinero que irá a engrosar las cuentas del condenado. Esto goza, además, con la atenuante de que nadie puede volver a juzgarlo por ese mismo delito aún cuando muestre descaradamente la riqueza mal habida.

Del estigma social y del escarnio público los corruptos no tienen por qué preocuparse. Ya el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, dijo que eran inocentes a pesar de la condena en primera instancia judicial. Luego de que el gobierno de Hipólito Mejía desistiera del juicio por corrupción contra el ex presidente perredeísta Salvador Jorge Blanco y se hicieran de la vista gorda con el convicto y confeso diputado Ramos García quien trafica con ciudadanos chinos por la frontera, siempre tendrán una sombrilla partidaria que justificará sus riquezas mal habidas.

Mientras, habrá que conformarse con el hecho de que, por primera vez en muchos años, se ha sancionado a algunos corruptos. Aunque no deja de preocupar que en el Palacio Nacional se hable de que la lucha contra la corrupción no debe ser estimulada porque pudiera lesionar la mentada gobernabilidad.