HARTFORD, Connecticut, EE.UU. AP. Un suburbio en Connecticut, cuyos policías se vieron involucrados en un escándalo por supuestos prejuicios, ha llegado a un arreglo preliminar con las autoridades federales, que acusaban a los agentes de incurrir en una serie de actos discriminatorios y abusos contra los hispanos, anunciaron el martes funcionarios locales y nacionales.   

El acuerdo contempla diversas reformas en el departamento policial para atender los hallazgos de una investigación encabezada por la división de derechos civiles del Departamento de Justicia federal. El arreglo, que debe ser avalado aún por funcionarios de la ciudad, permitiría dejar atrás las acusaciones de que la policía se involucró sistemáticamente en acciones de fuerza desmedida e incluso tomó represalias contra quienes atestiguaron o criticaron las conductas indebidas.   

Una investigación penal, que condujo por separado el FBI, llevó en enero al arresto de cuatro agentes policiales de East Haven, acusados de abusar de residentes hispanos. Este mes, uno de los policías se declaró culpable de ejercer una fuerza excesiva durante una detención. Los otros tres se han declarado inocentes, pero uno de ellos tenía prevista para el mismo martes una audiencia donde respondería de manera distinta a los cargos.   

El alcalde Joseph Maturo hijo consideró que el acuerdo marca el comienzo de un nuevo capítulo para el Departamento de Policía de East Haven, suburbio de la ciudad de New Haven.   

“Llegar a este acuerdo con el Departamento de Justicia y evitar un litigio costoso y prolongado representan las mejores opciones por el bien de la ciudad y de los contribuyentes”, dijo Maturo.

“Aunque se prevé que el costo de implementar las provisiones del acuerdo sea significativo, este arreglo representa otro paso para convertir los desafíos de ayer en las oportunidades de mañana”.   

El propio Maturo ocupó los titulares de la prensa nacional luego de declarar que “comería tacos” cuando se le preguntó qué podía hacer por la comunidad hispana local después de que el FBI detuvo a los cuatro agentes.   

La división de derechos civiles abrió su investigación en septiembre de 2009, ante varias quejas de que los policías acosaban a los residentes hispanos de East Haven, un suburbio costero de unos 28.000 habitantes, donde los latinos representan apenas alrededor de 7% de la población. La dependencia federal anunció los hallazgos en diciembre de 2011.   

El acuerdo, obligatorio ante tribunales, contempla varias reformas, incluido el entrenamiento para que los policías eviten los prejuicios, la implementación de políticas y medidas actualizadas sobre la forma de hacer que se cumplan órdenes de allanamiento, así como iniciativas de acercamiento y colaboración con todos los segmentos de la comunidad.