El manejo discrecional erosiona las finanzas municipales, desvía su curso de lo prioritario, de lo planificado, desliza recursos por oscuros laberintos de corrupción, de nepotismo y clientelismo, que abultan la nómina y enturbian la transparencia en la rendición de cuentas al pretender justificar la salida irregular de pesos y centavos.
Esto ocurre impunemente, pese a la existencia de no menos de siete instancias fiscalizadoras. Sucede en cabildos timoneadas por alcaldes y alcaldesas con perfiles que responden a la hechura del liderazgo político tradicional, aupados a posiciones para las que son incompetentes a fuerza de una inversión millonaria con miras a resarcirlas con creces.

Millones y millones malversados, presupuestos utilizados sin racionalidad, sin priorizar necesidades apremiantes de los munícipes, que enriquecen ilícitamente a funcionarios edilicios.

Dolo enmascarado. Si bien existen alcaldes y alcaldesas que se distinguen por su probidad, no es lo dominante. La rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria municipal se caracteriza no solo por fallos procedimentales y ausencia de planificación estratégica, sino también por irregularidades, el dolo enmascarado.

Además de violar la legislación municipal y otras leyes, varios cabildos han sido acusados de ilícitos penales diversos: desfalco, prevaricación y abuso de confianza, conducta delictiva de autoridades edilicias inculpadas hasta de asesinato o de asociación de malhechores.

En 2015 se repitieron denuncias de regidores involucrados en sicariato, sobornos a jueces, narcotráficos, lavado de activos y muertes violentas.

Esos y otros actos ilícitos están vinculados al procedimiento de elección de candidaturas por los partidos, la ausencia de mecanismos de sanción y de inhabilitación de la participación política.

Son efectos directos de la descomposición política, de la descalificación de líderes municipales, de la falta de un liderazgo ético.

No extraña que muchos cabildos, grandes y pequeños, municipios y juntas distritales cayeran en el descrédito y la desconfianza. Entre las causas, un documento del foro Hablemos de Reforma Municipal alude “oportunismo mediático”, pero a seguidas dice: “Ese desprestigio es la contra cara de una concepción patrimonialista del Estado

que funciona como una regla de juego de la cultura política dominicana. Refuerza además la falta de autonomía en la decisión sobre el destino de los fondos, ya que, en un intento de prevenir el mal manejo de los recursos, se instaura una ficción de control que, por lo desacertado de la regla, lleva a un incumplimiento frecuente del artículo 21 de la Ley 176-07”.

“Esto agrava el déficit de transparencia y rendición de cuentas que caracteriza el escenario de los gobiernos locales, aunque en proceso de mejora visible y medible con la puesta en marcha del Sismap Municipal”.

El papel aguanta todo. Aunque liviano, el papel todo lo aguanta, los informes entregados a los organismos fiscalizadores ocultan la corrupción, el gasto clientelar en nominillas millonarias que junto a miembros del partido incluyen parientes y amigos.
Disfrazan las cifras reales, lo que dificulta establecer si el gasto se corresponde con el objeto señalado. La adjudicación de la inversión carece de la metodología definida por la ley de Compras y Contrataciones Públicas, las finanzas no van al gasto en función de lo legalmente estipulado, al extremo que hay alcaldes que ellos mismos se compran en negocios de su propiedad, de la esposa u otros familiares.

Se ha denunciado, además, falta de soporte de gastos y de constancia de arbitrios cobrados; pago de nóminas sin firmas y sellos, contratos sin ningún documento legal. Entre las leyes infringidas están la 176-07, la 170-7 de Presupuesto Participativo y 340-06 de Contratación Pública.

Domina Impunidad. Año tras año la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) revela irregularidades o desacato a la ley por la no entrega de informes en municipios y juntas de distrito, sin que haya sanción.

A veces la denuncia emana de los propios munícipes que apelan a la justicia, pero el peso político puede más, dobla la balanza a favor de los implicados y el caso no va a los tribunales. Y si llega, a menudo la inclina la venalidad judicial.
Generalmente no hay acción judicial, y si ocurre, la respuesta ha sido un no ha lugar, cuando más una sentencia benigna.

Eso sucede ante acusaciones de desfalcos millonarios, veinte, cien millones o más que involucran a alcaldes, tesoreros, encargado de nóminas y otros integrantes del personal del cabildo, allegados que no laboran en la alcaldía, favorecidos con sueldos, privilegios, prebendas.

En pocos casos se devela el corporativismo en compras y contrataciones que funciona entre quienes tienen nexos partidarios, familiares y de amistad.

Plan estratégico. Las competencias que la ley reclama a los cabildos deben aplicarse acorde con un plan estratégico, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), lo hacen, muy bien definidos, pero no se cumplen.

Las inversiones no se hacen conforme a lo preescrito, sino a partir de imprevistos, del día a día. La cultura de planificación no existe, formulan el plan pero no guarda correspondencia con lo ejecutado.

Las finanzas no son auditadas socialmente, la rendición de cuentas a los ciudadanos no se produce como manda la ley.

En el presupuesto participativo, coordinado con munícipes lo acordado se cumple en muy baja proporción con relación a lo ejecutado. Hay una disparidad y los ciudadanos no indagan si una obra está sobrevaluada, cuánto realmente se invirtió.

Si les interesara exigirían rendición de cuentas, ejercerían el control social del gasto público. No se hace y las finanzas marchan en función lo que ordene el alcalde.
Ese entramado en que se mueven las finanzas conduce a un gasto sin racionalidad, de baja calidad.

Fiscalización. Los regidores no se ocupan de mantener un control de las finanzas, pese a ser los encargados de fiscalizarlas, una responsabilidad dentro de sus tres competencias, además de legislar y representar a los munícipes.

Si cumplieran esos tres roles dispuestos por la ley, mejoraría la transparencia. Muy pocos lo hacen, hay casos en que tardan bastante en aprobar el presupuesto por conflictos entre alcaldes y regidores, y aunque no se diga, suele obedecer a que alguno reclama una contrata, la asignación de una obra.

Los regidores no dan un seguimiento crítico al destino de las finanzas y cuando lo hacen, el alcalde procura neutralizarlo con el chantaje, es lo algunos buscan, presionan, critican, sin más fin que recibir prebendas. Los honestos son marginados por el resto del concejo edilicio. Tampoco cumplen su misión legislativa, y más que a los munícipes se representan a ellos mismos, velan por sus propios intereses, no por los de la comunidad.