Conocen este miércoles la solicitud medida de coerción contra los implicados en el supuesto entramado de corrupción que se dedicó a estafar al Estado dominicano a través de la distracción de fondos públicos y lavado de activos en organizaciones religiosas.

La audiencia a los seis imputados continúa hoy, tras la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificar ayer a la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción, para el conocimiento de medidas coercitivas.

El tribunal de alzada rechazó la recusación contra la magistrada planteada el viernes pasado por el abogado Félix Portes, defensor del coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, por entender que no se identificó ninguna causa de las establecidas en el Código Procesal Penal que pudieran afectar la imparcialidad de la jueza recusada.

Tras ser notificada de la decisión de la Corte de Apelación, Romero fijó para hoy a las 10:00 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra la presunta estructura de corrupción gubernamental que encabezaba el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de la seguridad presidencial de Danilo Medina.

Por el caso, además del coronel de la Policía Núñez de Aza y el mayor general Cáceres Silvestre, están detenidos en espera de que se les conozca medidas cautelares, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.

El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva para los apresados en la primera fase de Operación Coral y declarar el caso complejo.