Ramón Heredia 
El primer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de San Cristóbal revisará el próximo jueves 23 la medida de coerción impuesta al sacerdote Aleycer Vivas Ortiz, exdirector de la Escuela Parroquial Santa Rita, quien guarda prisión preventiva desde 9 de octubre del 2019 tras haber sido acusado de agredir sexualmente a una menor de cuatro años.
El tribunal, que preside la magistrada Rosa Mateo, fijó la fecha después que se aplazara porque el Ministerio Público y los abogados de la defensa no fueron notificados.
Defiende inocencia. El padre Juan José Zaro defendió la inocencia de Vivas Ortiz debido a que no existen pruebas presentadas en su contra.
Zaro fue entrevistado en la casa curial de la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, domicilio de los Agustinos Recoletos, quienes llevan más de medio siglo dirigiendo y administrando la Escuela Parroquial Santa Rita.
Explicó que los investigadores se llevaron la laptop personal del sacerdote y revisaron la cámara de seguridad. También indicó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que no existen elementos que comprometan al religioso.
Deploró que la procuradora fiscal de San Cristóbal, Fadulia Rosa, no haya presentado el informe que le entregó el Inacif en torno al disco duro del equipo del padre Vivas Ortiz, así como del teléfono móvil incautado durante el arresto.
Dijo que las tres pruebas presentadas por los acusadores se han desvanecido pero que no se ha querido hacer justicia porque parece que alguien anda detrás de un beneficio económico.
Reiteró la inocencia del sacerdote y confió en que más temprano que tarde saldrá a relucir la verdad.
Indicó que resulta sospecho que antes de ir a la justicia los padres de la menor hayan ido donde monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de San Cristóbal- Baní “procura de un arreglo”.
Agregó además que los días 11 de octubre y 11 de noviembre unos emisarios de la familia se acercaron a los abogados del cura.
