La Oficina de Atención Permanente de La Romana le conocerá este jueves medida de coerción al imputado Jesús Pascual Cabrera Ruíz, acusado de lavado de activos y porte ilegal de arma de fuego.

El conocimiento de medida de coerción contra Cabrera Ruiz fue hecho por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, luego de una solicitud de pedido de extradición que le hiciera la República Dominicana tras su apresamiento en España.

El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva, a los fines de que durante ese tiempo se le pueda abrir una investigación por presunta violación las leyes 72-02 y 631, sobre Lavado de Activos y porte ilegal de arma de fuego.

El abogado de la defensa, Tomás Castro, alega que el tribunal no tendrá otra opción que ordenar su puesta en libertad, en vista de que en el 2001 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conoció ese caso y la absorbió de los cargos instrumentados en su contra.

El 31 de octubre del 2001, mediante el fallo de un Habeas Corpus, la SCJ ordenó su puesta en libertad, tras declarar ilegal su prisión, en vista de que había sido descargado mediante la sentencia No. 509-2001, de fecha 29 de agosto del año 2001 de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Al respecto, Castro dijo que Cabrera Ruiz fue solicitado en extradición por la República Dominicana bajo la acusación de lavado de activos, pero no por narcotráfico, aunque las autoridades estiman que sus bienes son producto del tráfico ilícito de drogas.

“Todos los bienes que posee Pascual Cabrera Ruiz les fueron devueltos por una sentencia que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia; es decir que el patrimonio de Pascual Cabrera está blindado por la justicia dominicana, que ordenó la devolución de sus bienes”, precisó Castro.

Castro declaró que, por lo visto, el Ministerio Público pretende juzgar a su cliente por una acusación que en su contra hace el también acusado de narcotráfico Winston Riczik Rodríguez.