Por segunda ocasión, este jueves la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente intentará conocer la medidas de coerción a cinco personas acusadas de pertenecer a una red que falsificó documentos públicos y privados del Poder Judicial a cambio de altas sumas de dinero, para organizar la libertad irregular de un imputado de la Operación Discovery.

Los imputados son Ariel Antonio Bencosme Reyes y Eddy Alberto Franco, empleados, en condición de suspensión, del Poder Judicial; además contra Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Antonio Vázquez Pichardo, quienes enfrentan cargos por los delitos de asociación de malhechores, etc.

El Ministerio Público estable que los procesados falsificaban resoluciones, contratos de fianzas y otros trámites judiciales, para favorecer, “sobre todo, a imputados por tráfico de armas de fuego, narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos, entre otros hechos graves”.

El órgano persecutor plantea que Vásquez Ventura (imputado por delitos de estafa a través del cibercrimen), quien guarda prisión preventiva, por la Operación Discovery, así como su padre Vásquez Pichardo, se asociaron con los demás miembros de supuesta red criminal.

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Además, indica que en la «organización» participaron activamente Comprés Rodríguez, vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, Bencosme Reyes, quien se desempeña como supervisor de Archivo Central del Poder Judicial en Santiago; así como Franco, mensajero del Poder Judicial.

Se recuerda que la pasada audiencia del martes fue aplazada en razón de la solicitud que hizo uno de los abogados sumados a la defensa que pidió tiempo para estudiar la imputación y preparar sus medios de defensa.

Piden prisión contra empleados Poder Judicial

El titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla, sostuvo que el Ministerio Público procura que se imponga la prisión preventiva contra los imputados.

Indicó que ampliarán la investigación, sin importar dónde estén las partes que hayan participado.

“Daremos una respuesta contundente, porque se trata de una afrenta al sistema de justicia”, enfatizó Bonilla.

“No es posible que las decisiones que los jueces toman en una audiencia pública, oral y contradictoria, sean variadas por sinvergüenzas que, a costa de obtener dinero, lo están haciendo”.

La investigación trata de develar el alcance que tenía la red y el tiempo que llevaba operando a espaldas de la ley, la verdad y de la justicia.

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