Madrid, (EFE).- El conocido activista de Greenpeace Toru Suzuki, juzgado y condenado por robar carne de ballena en Japón, ha decidido emigrar a Suecia porque cree que su país «no es seguro» después de Fukushima.

Durante una visita a Madrid, Suzuki expone en una entrevista con EFE sus actuales proyectos, entre ellos la construcción de un incipiente movimiento antinuclear en el país nórdico donde ahora reside.

En 2010, él y otro activista de Greenpeace, Junichi Sato, fueron declarados culpables de robar 23 kilos de carne de ballena y condenados a un año de prisión, pero se conmutó la pena por la de tres años en libertad condicional.

Ambos robaron carne capturada por un ballenero, traspasando los límites de una propiedad privada, para demostrar que esos cetáceos eran cazados con fines comerciales y no científicos. Durante la entrevista, Suzuki explica que ha emigrado a Suecia, porque «Japón «no es seguro» después del accidente de la central nuclear de Fukushima, el 11 de marzo de 2011.

Y no tiene intención de volver a su país, «porque la situación tras Fukushima no es segura, no puedes comprar en el supermercado sin tener miedo de que los productos contengan radiación». «La mayoría de la población ha decidido creer que no existe la radiación y que los alimentos son seguros, si no, verían la realidad y se marcharían de Japón», dice.

En su opinión, el accidente ha servido para consolidar la imagen de credibilidad de Greenpeace ante la sociedad japonesa, debido a la respuesta que ofreció ante este hecho. A raíz de ello, razona, «mucha gente» ha mirado hacia atrás y recordado las acciones de la organización ecologista frente a la industria ballenera. Suzuki, ex director de campañas de Greenpeace Japón, explica que la acción por la que se le juzgó y condenó «no fue un robo».

«No queríamos la carne para nosotros, sino denunciar los fines comerciales de la caza de ballenas, que no se corresponden con fines científicos como decía el Gobierno», afirma. Según sus palabras, fueron detenidos en una operación llevada a cabo por 75 policías, pasaron 23 días retenidos sin juicio (en Japón se permite una detención preventiva de esa duración) y fueron condenados a doce años de prisión si cometían algún delito en los siguientes tres años.

«La caza de ballenas estaba impregnada de corrupción gubernamental, hasta el punto de estar subvencionada con ayudas públicas», asegura. Tras criticar «el control gubernamental» de la prensa, también durante su juicio, Suzuki señala que la caza de ballenas no es tradicional en su país- «se impuso por necesidad tras la Segunda Guerra Mundial, cuando en Japón casi no había alimentos y la carne de ballena era barata de conseguir y muy proteínica». «Ahora no tiene sentido mantener esta industria, ya que no hay una escasez de alimentos como entonces», asevera. EFE