Luego de que varios funcionarios entrantes y salientes del Estado presentaran sus declaraciones juradas de bienes ante la Cámara de Cuentas, y se diera a conocer las sumas millonarios que poseen, son muchos los cuestionamientos sobre el incremento de su fortuna.

De inmediato, la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), comenzó a citar desde el pasado 6 de octubre a algunos de estos servidores públicos para que justifiquen si hubo o no un enriquecimiento ilícito.

El primero en acudir a la Procuraduría General de la República, fue el presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles “Temo” Montás, así como el contralor de la organización, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas.

Esto sucede por los supuestos obstáculos que el organización puso a la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre los fondos que recibió la organización política a través de la Junta Central Electoral (JCE) en los años 2012 y 2016.

Otros de los requeridos por la entidad el pasado 16 de octubre fueron el asistente personal del expresidente Danilo Medina y miembro del Comité Político del PLD.

Como también a Robert de la Cruz; el diputado nacional de ese partido, Radhamés Camacho, y el alcalde de Pedro Brand por el PRM, Wilson Paniagua.

El legislador Camacho, quien presidió la cámara baja hasta agosto pasado, reportó en su declaración jurada de bienes una fortuna de RD$87.5 millones.

Paniagua, ligado al sector transporte, declaró en la CC RD$1,090 millones, aunque afirmó que esta cifra se debió a un error de cálculo de su hija y que en realidad tiene RD$10 millones.

Aunque no se ha dado a conocer el patrimonio de Robert de la Cruz, sectores han criticado la supuesta multimillonaria fortuna que acumuló durante el mandato de Medina.

Casos más recientes. Este lunes el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio sobre la declaración jurada de la ministra Kinsberly Taveras Duarte desde el mismo momento en que se produjo la denuncia ante la opinión pública que llamó la atención sobre su patrimonio.

Se recuerda que la Procuraduría había advertido que investigará a los funcionarios y exfuncionarios que no declaren su patrimonio, que falseen datos o que exhiban un patrimonio injustificado.