Desde el 2013, después de la designación de la actual titular del Despacho del Defensor del Pueblo, Zoila Martínez Guante, la entidad pública ha atendido un total de 5 mil 95 reclamaciones y quejas sobre vulneración de derechos fundamentales, presentadas por ciudadanos contra entidades públicas y privadas.

la entidad ha intervenido para asistir a personas por retención de pacientes en centros médicos por falta de pago, para la reparación y construcción de viviendas, por el saneamiento de cañadas, por problemas medioambientales, por deficiencia de servicios públicos, y por violación de los espacios públicos.

Los reclamos llevados ante la institución conciernen a solicitudes de gestiones para conseguir declaraciones tardías de nacimiento, pago de pensiones, asistencia social y de beneficios laborales a servidores públicos y de expropiaciones de inmuebles a cargo del Estado.

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En estos seis años el órgano constitucional, ha desarrollado un programa de educación para orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y cómo exigirlos, a través de charlas impartidas en instituciones públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales. En estos seis años, personal del Defensor del Pueblo ha impartido más de 300 charlas en todo el país.

El despacho del Defensor del Pueblo celebrará mañana a las seis de la tarde, el sexto año en funciones de su actual dirigente, con una misa en acción de gracias oficiada por el sacerdote Luca Barato, en la iglesia Jesús maestro, sector Mirador Sur, Distrito Nacional.

En mayo del 2013, el Senado de la República designó a la doctora Zoila Martínez Guante, como defensora del pueblo, y como defensoras adjuntas a las abogadas María Ramos y María Batista, por un período de seis años.

Además, fueron nombrados los abogados Carlos Hernández Cabrera y Ruddy Nelson Frías, como primero y segundo suplente, respectivamente.

Sobre el Despacho

El Defensor del Pueblo fue creado mediante la ley 19-01, del primero de febrero del 2001, y luego adquirió rango constitucional en el 2010, al ser incorporada en la Carta Magna aprobada ese año. Su objetivo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos plasmadas en la Constitución en caso de que serán vulneradas por funcionarios públicos.