En nuestro país, los numerosos actos de corrupción que se han producido últimamente, han dejado una estela de impotencia en la ciudadanía, que ha puesto en tela de juicio, no solo el organismo judicial llamado a imponer severas sanciones, sino también, la beligerante actitud de influyentes y poderosos políticos, los cuales, apañan y protegen a los infractores.
Ser miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hasta del Comité Central de esa entidad política, significa tener campo abierto para participar y dirigir actos reñidos con las leyes y hasta la Constitución; tales como: Malversación de fondos, fraudes, lavado de activos, extorsión, peculado, nepotismo y sobre todo, ocultamiento de ganancias ilícitas, tal como ha ocurrido con los catorce presos preventivos involucrados en el affaire Odebrecht, a cuyos dos últimos encartados les variaron la medida de coerción, por Garantía Económica de 50 y 70 millones de pesos, prima que pagarán a una aseguradora, con los mismos recursos que distrajeron. ¿De cuánta elevada honorabilidad hizo gala este juez designado por la Suprema Corte de Justicia?
Lo peor aconteció más tarde, cuando el novel Procurador General de la República calificó la sentencia de “funesta” y parodiando a García Márquez expresó: “crónica de una muerte anunciada”. Lo que se le olvidó decir, que debido a la grosera instrumentación del proceso, el mismo tenía groseros vicios de instrumentación y en este caso, la máxima jurídica es contundente “nadie puede prevalecerse de su propio error”. Por lo tanto, la crónica no se anunció, se cumplió a cabalidad y ahora se le puede adicionar al expediente: “prevaricación y tráfico de influencia”.
Una ojeada a vuelo de pájaro de lo que acontece en otros países donde muchos de los inculpados cometieron acciones menos graves que las de los dominicanos, de inmediato fueron hechos prisioneros, donde todavía permanecen hasta vista de juicio. Aquí, en cuyo expediente habían legisladores, los mismo ni siguiera fueron encausados ni se solicitó despojarlos de su jurisdicción privilegiada porque sus “honorables” nombres fueron dejados fuera del expediente acusatorio.
¡Vaya eficiencia de la Justicia”. En Brasil, los principales acusados de Odebrecht han sido encarcelados inclusive su presidente Marcelo. La presidente Irma Rousseff destituida, el presidente Lula Da Silva, encausado, así como los principales ejecutivos de Petrobras.
Los consultores locales y promotores de campañas políticas Joao Santana y Mónica Moura, tan pronto pisaron suelo brasileño, pararon directamente para la cárcel.
Disponiendo de un espacio limitado, no me puedo extender hasta los otros cómplices, estafadores y lobistas que actuaron en otros países, no solo de América, sino también en África y que han sido arrestados o involucrados en procesos judiciales de los cuales de seguro no saldrán bien parados, porque las pruebas, contrario a lo sucedido en nuestro país, han sido determinantes para su inculpación.
En este proceso tan amplio, hay también testaferros a los cuales deben dictárseles medidas cautelares para la recuperación de los recursos que ilegalmente se apropiaron, así como rematar los bienes secuestrados involucrados en las ilícitas operaciones fraudulentas, para que el Estado Dominicano recupere los dineros fruto de la defraudación, lo cual sería una correcta y legal indemnización, que podría de llegarse a materializar, devolver la confianza en los poderes públicos, los cuales hasta el presente, son el blanco de los ciudadanos que no logran ver el día del adecentamiento y capacidad del aparato judicial, desde los Juzgados de Paz, hasta las denominadas Altas Cortes.
Los ciudadanos comunes, de la sociedad civil, del clero y funcionarios del Estado, están atentos al desenvolvimiento de estos procesos judiciales y de ser defraudados, los verdaderos perdedores, serán los poderes públicos y los partidos políticos, que han hecho muy poco por rescatar la honestidad y honorabilidad, llegándose a pensar que en muchos casos son cómplices o corruptores de los entuertos señalados.