Consecuencias de una refinería de dos gobiernos

Consecuencias de una refinería de dos gobiernos

De todos los productos que importa nuestra refinería, REFIDOMSA, apenas un 29% de su volumen está representado por petróleo crudo y tan sólo ese crudo es el que se beneficia del financiamiento a muy largo plazo bajo el esquema chavista de Petrocaribe.  El 71% restante: gasolina, gas propano, kerosene, gas oil y fuel oil, se compra, a través de la Refinería y otros importadores, de varios países y empresas suplidoras pero en condiciones comerciales.

De ahí el peligro de que el Estado venezolano, a través de PDVSA, como nuevo socio de REFIDOMSA, quiera obligarla a comprarle productos no beneficiados por el crédito de Petrocaribe, aun cuando saliese más barato adquirirlos de otra fuente. Lo correcto es que todas las compras de REFIDOMSA, incluyendo el crudo, se hagan por concurso público y al comparar precios se tome en cuenta el muy fuerte descuento, en términos de valor presente, representado por el financiamiento a largo plazo del crudo venezolano.

Otro peligro es la corrupción.  Las compras totales de REFIDOMSA tienen un valor extraordinario, aun comparándolas con el costo de las más grandes obras públicas del Estado.  De ahí el peligro que surjan vendedores fantasmas vinculados a funcionarios o amigos del gobierno, o que a los suplidores tradicionales ahora se les exija comisión.  El gobierno debe nombrar un grupo de notables para supervisar esos concursos.

Un tercer peligro es que funcionarios y amigos del gobierno organicen compañías distribuidoras de gasolina, gas oil, fuel oil y gas propano y que compren esos productos a la Refinería en condiciones mejores, en cuanto a precio y crédito, que a como se ofrecen en la actualidad a la Esso, Texaco, Shell, Isla y Coastal.  Eso representaría corrupción y, además, perjudicaría la rentabilidad de la Refinería. 

También existe el peligro de que la Refinería, como ya ha sucedido en Venezuela y México, se integre verticalmente y adquiera las actuales cinco compañías distribuidoras.  Los márgenes de beneficio de las distribuidoras estatales serían mayores que los actuales, lo que perjudicaría a los consumidores, quienes recibirían un producto más caro y un servicio más deficiente, al ser las distribuidoras administradas por empleados públicos. Suficientemente estatizado están el sector eléctrico y el energético para que ahora se incluyan las distribuidoras. 

La Shell anunció, hace bastante tiempo, que quería vender sus estaciones de gasolina y llamó a un concurso, pero los ganadores, dada la crisis internacional, no lograron el financiamiento para la compra, por lo que la decisión de a quién vender fue diferida. El Estado dominicano, con recursos venezolanos, bien podría amenazar con adquirir esas estaciones de la Shell.  Por otro lado, la Esso, Texaco, etc. deben sentirse ahora muy preocupadas al tener como suplidor a una agencia bi-estatal como es la Refinería.

Finalmente, existe el peligro de que el Estado quiera convertirse en un importador único y exclusivo de gasolina, gas oil, gas propano, fuel oil y kerosene.  Esos productos nos llegan no solamente a través de la Refinería, sino por varias terminales privadas.  El resultado sería un monopolio estatal, mucho mayor corrupción y más altos precios para el consumidor.

El Presidente Fernández inició su primer gobierno en 1996 con una agenda modernizadora. Los enormes déficit de los 12 ingenios azucareros que habían pertenecido a Trujillo, de las docenas de empresas de CORDE, heredadas del “Benefactor” y del monopolio estatal eléctrico creado por el dictador en 1954, fueron eliminados a través de la Ley de Capitalización.  Ya ni los ingenios, ni las empresas de CORDE afectan el presupuesto nacional.

Sin embargo, la compra de la Refinería y la reventa de parte de sus acciones a una agencia del gobierno de Venezuela, aunque de por sí tal vez justificado, abre las puertas para los cinco peligros aquí enumerados.

Ojalá no se den.  De lo contrario estaríamos presenciando una contrarreforma anti-modernizadora en el tercer gobierno del propio Fernández, que perjudicaría enormemente al fisco, la balanza de pagos y al consumidor.

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