POR ALEIDA PLASENCIA
El país debe abocarse de manera urgente a una discusión seria y profunda sobre la necesidad de introducir reformas comerciales en todos los sectores de la economía, a juicio del Consejo Nacional de Competividad (CNC).

En ese sentido, el CNC señaló que una de las leyes que merecen atención inmediata es la ley 8-90, que otorga exenciones de un 100% de impuestos y aranceles a los insumos y maquinarias del sector de zonas francas. Recordó que esta ley incluye exenciones del Impuesto sobre la Renta a las empresas que destinen al menos el 80% de su producción al mercado internacional y ha sido la pieza legislativa de mayor impacto en el desarrollo económico. (En este punto el CNC se refiere al impacto del desarrollo en las zonas francas).

En un documento enviado a esta sección el CNC señala que, sin embargo, el sector manufacturero local no ha tenido la misma participación que las zonas francas en los mercados internacionales y sus operaciones no se benefician de las exenciones previstas en dicha ley y en otros mecanismos, como las exenciones por zona fronteriza.

«La competitividad del sector manufacturero local se ha visto afectada por políticas antiexportadoras y excesivas trabas y burocracia», señala el CNC.

«En realidad, las zonas francas no son tan competitivas como parece, ya que su mayor ventaja se basa en instrumentos de incentivos y en las llamadas «ventajas artificiales» (tipo de cambio)», sostiene. Y agrega que «el país debe evitar a toda costa seguir dependiendo de las zonas francas como único modelo de desarrollo económico.»

Considera que «la diversificación del sector exportador dominicano y la integración del sector industrial local a los mercados internacionales, representan la mejor alternativa para el desarrollo económico sostenible del país.»

El CN recuerda que el desarrollo de la manufactura para exportación en la República Dominicana se inicia de forma paralela a la creación de facilidades especiales para las empresas que, radicadas en zonas delimitadas, se dedicarán a la actividad industrial. «Desde 1962, el país ha utilizado incentivos para fomentar la actividad industrial con vocación exportadora», asegura.

«Las llamadas zonas francas -resalta- obtienen su mayor crecimiento en 1983 con la promulgación de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y, a partir de entonces, ha seguido representando uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana. El aumento continuo del valor agregado a la exportación desde mediados de los ochenta puede atribuirse, en parte, a las cláusulas del Acuerdo Multifibra (AMF), de 1986, permitiendo exportaciones libres de cuotas para zapatos y productos de piel para los Estados Unidos, permitiendo el uso de materiales de fuera del territorio estadounidense y el procesamiento en el extranjero de productos».

Asimismo, el CNC apunta que » en tanto las reglas de comercio internacionales, tales como la eliminación de programas de subvenciones de exportación para el año 2007, basado en resoluciones recientes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la conclusión del Acuerdo Multifibras en el año 2004, probablemente eliminarán cualquier ventaja de costo restante en la que se basan actualmente las operaciones de las zonas francas».

«La OMC ha reglamentado que los programas de subsidio para la exportación que permiten exoneraciones de impuestos a la importación e impuestos sobre la renta, deben eliminarse para el año 2009», añade.

«Es evidente – sigue diciendo el CNC- la distorsión creada en el sector industrial dominicano por la dualidad de políticas públicas en el sector exportador dominicano».

«La transición entre el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), aplicado en la década de los años 60 y 70 y la liberalización comercial, dieron como resultado las zonas francas», indica.

Tambien destaca «que el sector industrial local ha sido afectado por la inactividad del Gobierno en crear mecanismos que permitan el desarrollo del sector y dé condiciones justas de competencia entre el sector industrial y las zonas francas».

«Las políticas del Gobierno incentivan las desviaciones del comercio hacia productos de poco valor agregado y de muy bajo componente nacional», expresa el CNC.

«Actualmente, nos encontramos con un sector industrial local con una sobrecarga tributaria de más de un 50%, con altas trabas financieras y burocráticas y altísimos costos de producción en electricidad y transporte», señala.

Dice que la dualidad de políticas se refleja también en casi todo el terreno productivo, como son: diferentes sistemas aduaneros para ambos sectores, diferencias en acceso a capital nacional e internacional, estándares de calidad totalmente diferentes.

Entiende que la industria nacional es básicamente exportadora de impuestos, los cuales son pagados desde el mismo inicio del proceso productivo y la mayoría de los mecanismos de incentivos a las exportaciones que existen en el país no son aplicables o simplemente no funcionan.

Finalmente, el CNC estimó que «usualmente, los impuestos a las materias primas, insumos y maquinarias van en contradicción a políticas de fomento a las exportaciones, así como el recargo cambiario.»