El Consejo de Defensa negó todas y cada una de las acusaciones que se incluyen en el documento entregado en el día de hoy, en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, recordando que la simple confesión o testimonio no es un medio de prueba, mucho menos cuando se trata de autores de delitos.
Aseguraron que de una lectura preliminar al voluminoso expediente de los cerca de 400 interrogatorios «no evidencian que el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez haya solicitado o aceptado sobornos, pagos irregulares en su beneficio, lo que si sucede con relación al exjefe de gabinete señor Rafael Steffano Cano Sacco y dos empresarios».
Calificaron de insólito que en más de 100 interrogatorios, reales o no, el exjefe de gabinete y presidente del Movimiento Político Renovación, Rafael Canó Sacco, sea directamente señalado de graves y serios crímenes contra el erario, y hasta la fecha no figure como imputado.
«En un caso de alegada corrupción administrativa, la persona que revisaba y aprobaba absolutamente toda actuación y que coordinó absolutamente todo lo relativo al movimiento político Renovación, incluyendo todas las contribuciones de campaña y pagos a presuntos asesores mexicanos, esté prófugo y con un simple “yo no fui”, “fue él”, sin ninguna prueba más que un burdo testimonio, sea el fundamento de una acusación», explicó la defensa del exfuncionario implicado en caso denominado Medusa.
Al respecto, el abogado Carlos Balcácer dijo que “es inverosímil que Rafael Canó Sacco no figure en la acusación cuando hay cientos de pruebas que lo comprometen. El Art. 65 del Código Penal establece bien claro que los crímenes y delitos que se cometan, no pueden ser excusados, ni la pena que la ley les impone puede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en que la misma ley declara admisible la excusa, o autorice la imposición de una pena menos grave”.
A su vez los juristas demandan que Canó Sacco sea traído al país a enfrentar la justicia como los demás señalados. “Es evidente que el señor Canó Sacco fue excluido del expediente ante aparente negociación, de la cual no se tiene detalle alguno. Si el Ministerio Público acordó algún tipo de negociación que involucra una recuperación monetaria y aplicación de algún tipo de pena, debe ser explicada a la ciudadanía de acuerdo con el Art. 363 del Código Penal. Sorprende que, convenientemente, el nombre de Canó Sacco ni se menciona en los medios cuando es el hombre que ha sido señalado como autor o cómplice de muchas de las imputaciones que contiene la acusación’, añadió Gustavo Biaggi Pumarol, otro de los abogados del exprocurador.
El Consejo de Defensa añadió que en el expediente se evidencian «graves imputaciones y un trabajo extenso de la Pepca«, con personas que dicen haber sido extorsionadas, que pagaron peajes, sobornos y que se utilizaron recursos de la institución para fines políticos y todas señalan a Rafael Canó Sacco de manera clara y puntual. «
De ser ciertas esos graves señalamientos como responsable ya es entendible, aún sea un acto de cobardía y criminal, que haya escapado del país y se haya escondido por meses; además de resistirse a una extradición para evadir sus responsabilidades. El Ministerio Público y el país no pueden creerle a un prófugo de la justicia, presunto autor de delitos y crímenes, darse el lujo de que estos hechos queden impunes y que sean acusadas las personas erróneas», indicaron.
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“Podemos asegurarle, que si en la gestión del ex procurador se cometieron errores no solo en la contratación de personas equivocadas u otros, el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez sería el primero en reconocerlo con la misma transparencia y valor que lo ha hecho desde el primer día, trabajando junto al Ministerio Público en la búsqueda de la verdad para lograr la justicia que tanto necesita y reclama nuestro país. De igual manera, le podemos asegurar que es totalmente falso el que se haya contratado o propiciado una campaña de difamación en contra de algunos destacados líderes de opinión como se ha dicho en la prensa”, afirmó Francisco Franco
En una nota enviada a la prensa, los abogados de Jean Alain concluyeron: «Anticipamos que el exprocurador probará el origen lícito de todos y cada uno de sus bienes y que su declaración juradacorresponde con la realidad. A modo de ejemplo, la PEPCA por error le está atribuyendo haber exagerado su patrimonio tomando como referencia el valor registrado en la DGII para inmuebles como prueba de falsedad en la declaración jurada cuando todos sabemos que los valores oficiales de dicha institución son menores a los reales o del mercado que fueron presentados por nuestro cliente».