El Consejo Nacional de Educación designó ayer a una comisión para revisar los expedientes y las evidencias que demuestran la supuesta participación de 835 estudiantes en el fraude de las Pruebas Nacionales, luego de escuchar los argumentos de defensa que expusieron   padres y alumnos en la asamblea.

A los miembros de la comisión les corresponde decidir si ratifican o no las sanciones impuestas contra los alumnos y que supone que esperen un año para volver a  examinarse y optar por su título de bachiller.

Tras cerca de cuatro horas de deliberaciones, en que el Consejo escuchó a decenas de padres, madres, tíos, abuelos y estudiantes, el secretario de Educación, Melanio Paredes, informó que la comisión arribaría a una decisión para inicios de la  semana próxima.

Dijo que la resolución del Consejo se emitirá independientemente a los procesos legales que avanzan estudiantes afectados en los tribunales, al tiempo en que  enfatizó  que al “Consejo le es indiferente que esos procesos puedan continuar” y que la decisión de validar calificaciones es facultad de la  cartera educativa.

En tanto, Fernando Gómez, vocero de los afectados, advirtió que si no se retira la sanción el caso llegaría a organismos internacionales por considerar  que las sanciones violan  los derechos de la niñez.

La comisión que estudiará los casos de sancionados está compuesta por el padre Néstor Pazos, del Episcopado; Fray Carlos Morales, de los Colegios Católicos y  Radhamés Camacho, presidente de la Asociación  de Profesores, entre otros.

Pruebas

El titular de Educación explicó que entre las pruebas que pesan contra los  alumnos están sus hojas de examen  y un  cálculo probabilístico que demuestra la escasa posibilidad de que hayan escogido las mismas respuestas que fueron enviadas por  celular.

Pidieron perdón

Durante la reunión, decenas de padres pidieron  al organismo clemencia por sus hijos, bajo el alegato de que actuaron con inmadurez. Mientras, decenas de alumnos afectados aguardaban en el lobby del edificio.