POR MANUEL JIMÉNEZ
Las autoridades buscarán definir este lunes una política de Estado contra el preocupante clima de violencia en República dominicana, situación que podría afectar su creciente industria turística y la campaña del presidente Leonel Fernández para atraer inversiones extranjeras, dijeron fuentes oficiales y privadas.

Fernández convocó a un Consejo de Gobierno Ampliado, con la participación de todos los ministros, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia, así como de los líderes del Congreso, la justicia, las iglesias, el sector empresarial y el resto de la sociedad civil, para poner en marcha un plan de acción contra la delincuencia.

Al menos 922 personas habían muerto hasta mayo en hechos violentos en el país, 110 de ellas en los cuestionados intercambios de disparos entre la Policía y presuntos delincuentes, según las mas recientes estadísticas oficiales.

Un hecho que preocupa igualmente a las autoridades es el número de agentes de policía y militares que cada vez más se ven involucrados en crímenes y asaltos, incluso, en acciones vinculadas al narcotráfico y secuestros.

Según el jefe de la institución, Bernardo Santana Páez, en lo que va de año 600 oficiales de policía han sido cancelados y sometidos a la justicia por la comisión de diversos delitos y otros tanto son investigados bajo cargos similares.

Las autoridades e instituciones de la sociedad civil como la Iglesia Católica, religión que profesa la mayoría de los dominicanos, han manejado varias teorías en torno a las causas engendradoras del clima de violencia, en un país con un ingreso per cápita de unos US$2,000.0 al año y una tasa de desempleo que ronda el 19%.

Las autoridades sostienen que la principal causa de la situación es el narcotráfico, aunque otros sostienen que tiene mucho que ver el alto numero de dominicanos repatriados desde los Estados Unidos tras cumplir condenas por crímenes, asaltos y trafico de drogas, así como razones estructurales como la pobreza y la marginación.

El gobierno puso en marcha en 2005 un programa de seguridad democrática que ha ido implementándose gradualmente en sectores barriales de Santo Domingo y Santiago, segunda ciudad en importancia en el norte del país, pero si bien muchos reconocen su eficacia parcial, otros abogan por acciones globales que involucren a toda la sociedad y planes de desarrollo económico-sociales que generen empleos.