El consejo del Poder Judicial aseguró que hay una campaña de descrédito y desinformación en su contra y la de su presidente, Luis Henry Molina.

El comunicado íntegro enviado a los medios hoy:

«En rigor de la verdad»

Desde hace varios meses se ha estado alentando a través de distintos espacios mediáticos y de opinión, una campaña de descrédito y desinformación en contra del Consejo del Poder Judicial y la persona de su presidente Luis Henry Molina Peña. Para ser consecuentes con la prudencia que exige el rol judicial, el Consejo del Poder Judicial había decidido mantener silencio ante tan desafortunadas e irresponsables denuncias. Los niveles a que han llegado las mentiras difundidas empiezan a afectar, ya no solo la reputación del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el ánimo de los miembros del Consejo (y sus equipos de apoyo). También atentan contra la estabilidad del propio sistema de justicia debido a la difusión de inventos e imprecisiones sobre su funcionamiento. Al malintencionado guión de mentiras, medias verdades y francas desinformaciones sobre el funcionamiento y diseño institucional del sistema de justicia, sosteniendo acusaciones irrespetuosas, infamantes y ofensivas, oponemos la verdad.

Ha habido afirmaciones relativas a la forma en que opera el Servicio judicial, que supone la posibilidad de dar seguimiento a los procesos judiciales y realizar audiencias y gestiones con asistencia de la tecnología. Se ha querido instalar que tanto los procesos de contrataciones como su operación han sido irregulares. Sin embargo, todos los procesos realizados por los órganos de apoyo del Consejo del Poder Judicial, así como por los comités, son públicos y regidos por las normativas vinculantes. En el marco de un acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo del Poder Judicial se realizó un proceso abierto, internacional y transparente, siguiendo los estándares establecidos por dicho organismo para la contratación de los procesos relacionados con la respuesta a la pandemia y la virtualidad.

Contrario a lo que se quiere decir, no ha habido ninguna entidad privada relacionada con el manejo y gestión de expedientes. Todos los recursos humanos y tecnológicos que operan y tienen relación con los expedientes en el proceso son internos.

El fortalecimiento del sistema de integridad es un compromiso y una prioridad del Poder Judicial, soportado en los planes de trabajo y acciones de Visión Justicia 20/24. El eje tercero del plan estratégico del Poder Judicial propone fortalecer y promover buenas y eficientes conductas institucionales e incrementar la confianza de la ciudadanía.

Desde el año 2019 se han desarrollado acciones para la transparencia que suponen la publicación de indicadores y todas las informaciones de los procesos administrativos, pasando del discurso y los planes a los hechos para promover buenas conductas y calidad en las tareas administrativas. Dar mayor transparencia a las operaciones administrativas del Poder Judicial, para que los ciudadanos puedan consultar en línea y con total apertura verificar este desempeño.

Tal vez sea este tipo de políticas para la transparencia, demandada en todos los rincones del país, las que mueven a sectores al irrespeto y la falta de rigor a la verdad en sus denuncias en reacción al cambio o temor a consecuencias.

La campaña de descrédito mediático alude supuestas relaciones de confianza entre personas que ocupan puestos del Consejo del Poder Judicial y el presidente del Consejo. Todos los puestos existentes son validados por informe de Gestión Humana y han sido parte de procesos de selección exhaustivos o concursos públicos aprobados por este Consejo, bajo los estándares y rigores exigidos por las leyes para cada posición. Reiteramos, además que la aprobación de estos procesos se da de manera democrática y horizontal.

Cabe señalar que los servidores que acompañan la gestión del Consejo en los órganos de apoyo son parte de un equipo de gestión que ha demostrado, con probidad y eficiencia, que es posible hacer un buen trabajo en el sector público. Pecan de ser eficientes y trabajar apegados a la ética, como ha sido patente en cada institución en la que han servido.

Desde el año 1997 el sistema de justicia ha avanzado en la consolidación de su carrera judicial, que es una garantía de independencia. Debido a su diseño institucional, la estructura del Poder Judicial y la forma en que se toman las decisiones constituyen una suerte de sistema inmunológico.

Cada tribunal administra jurisdiccionalmente sus casos de manera independiente y como manda el ordenamiento jurídico. Las juezas y jueces son inamovibles y responden a un sistema de integridad que tiene muy claras y delineadas las directrices de su desempeño y las defensas de su independencia en el criterio de su trabajo. Las problemáticas del sistema, recogidas y socializadas en múltiples ocasiones, son parte de un trabajo continuo que apunta a dar mejores resultados de lo esperado en menor tiempo de lo planificado.

La distribución de la carga de trabajo jurisdiccional no se produce de manera discriminada como han mentido irresponsablemente, sino a través de sorteos aleatorios, como establecen la ley y los reglamentos. No existe ninguna relación de este aspecto con las modalidades de servicio implementadas en el pasado reciente. El único interés del Consejo del Poder Judicial es implementar políticas judiciales en beneficio de un servicio con mayor acceso, más oportuno, transparente, íntegro y eficiente.

La independencia funcional consiste en la capacidad de cada tribunal de hacer su trabajo de acuerdo a su criterio jurídico. Sin presiones ni intromisiones, buscar justicia en buen Derecho y cumplir con las funciones encomendadas por la Constitución y Leyes de la República, a través de sus instituciones. 

El magistrado Luis Henry Molina Peña ha estado ligado por largos años a las mejoras del sistema de Justicia. Sus aportes a la ‘primera ola de reformas’, a la transformación, formación y tecnificación de la judicatura, así como su rol en la reforma procesal penal, son un legado reconocido por todo el sector justicia tanto nacional como internacionalmente.

El gobierno administrativo y disciplinario de la justicia conlleva atribuciones dadas por mandato constitucional, legal y reglamentario, se da en un escenario institucional colegiado, totalmente separado del curso jurisdiccional del sistema. Los miembros del Consejo del Poder Judicial son elegidos por sus pares, en cada instancia, por cinco años y no a dedo, como insiste la fábula que injuria y desinforma. Un órgano en el que se toman decisiones por mayoría de votos. Contemplando mecanismos de disenso que tienen constancia en las actas de las sesiones.