El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este lunes para discutir la crisis política y de seguridad en Haití, en medio de planes para imponer posibles sanciones a las bandas armadas que controlan parte del país.

Los países del máximo órgano de decisión de la ONU están estudiando medidas para responder a la violencia, entre ellas posibles sanciones a los líderes de las bandas armadas y la imposición de un embargo que prohíba la venta de armas a estos grupos.

Para que el proyecto de resolución de sanciones sea adoptado, la resolución necesita nueve votos a favor entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad y ningún veto de Rusia, China, Estados Unidos, Francia o Reino Unido.

El pasado 9 de octubre, el secretario general de la ONU, António Guterres, propuso el envío a Haití de una «fuerza de acción rápida» compuesta por militares de uno o varios países para ayudar al Gobierno a recuperar el control de Puerto Príncipe de las bandas armadas que actualmente dominan partes de la capital y desbloquear el suministro de combustible y otros productos básicos.

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Guterres sugirió que la operación no se desarrolle bajo el paraguas de Naciones Unidas, sino que esté liderada por un Estado miembro que la ejecutaría en solitario o con el apoyo de otras naciones.

«La fuerza, en particular, apoyaría a la Policía Nacional de Haití principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe para asegurar el libre movimiento de agua, combustible, comida y suministros médicos desde los principales puertos y aeropuertos a comunidades e instalaciones sanitarias», explicó el portugués.

La idea responde a la solicitud hecha por el Gobierno de Haití.

Guterres dijo en la carta, a la que tuvo acceso EFE, que el Consejo de Seguridad podría «dar la bienvenida» a la puesta en marcha de esta fuerza y que la Secretaría General de la ONU podría desplegar «capacidades adicionales» para apoyar un alto el fuego o arreglos humanitarios y asegurar la coordinación de estas tareas con las tropas internacionales.

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El jefe de la ONU planteó que se actúe a invitación del Gobierno de Haití y de modo bilateral, pues las autoridades del país han indicado que prefieren que no se despliegue una nueva fuerza de paz de Naciones Unidas.

La ONU ya tuvo cascos azules en Haití entre 2004 y 2017, una presencia que se reemplazó por una operación policial que duró dos años y luego por una misión política y de asesoramiento a las instituciones, presente en la actualidad.

El Consejo de Seguridad ya había pedido hace meses a Guterres que le presentase opciones para reforzar el apoyo a Haití en materia de seguridad, pero la situación en el país se ha deteriorado rápidamente en las últimas semanas, en las que también se ha detectado un brote de cólera que se teme que pueda propagarse muy rápidamente dada la actual crisis.

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