El Consejo del Poder Judicial (CPJ) destituyó a la jueza Aristilda Mercedes Rodríguez, contra quien se inició una investigación luego de esta ordenar la libertad pura y simple de cinco venezolanos que fueron apresados en flagrante delito, cuando se les ocupó un cargamento de 359 kilos de droga en el interior de una avioneta, en el Aeropuerto Internacional de La Romana.
También fue suspendido por 30 días y sin disfrute de sueldo al magistrado Ramón Francisco Ureña Ángeles, juez de la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.
La jueza establecía en su sentencia, que el Ministerio Público pretendía solicitar medida de coerción de prisión preventiva con un acta de registro que no tenía número de autorización, pero que se estableció, ella misma la había autorizado verbalmente.
Rodríguez, magistrada de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de La Romana, fue designada como sustituta para conocer esa medida.
Justificaba la libertad de los venezolanos, que por su condición de extranjería no presentaban presupuestos que destruyera el peligro de fuga y que además fueron arrestados en flagrancia, en la supuesta ineficacia del Ministerio Público.
“Al no existir la prueba que legalizaba actuaciones principales, se establece una especie de efecto de ineficacia refleja en las demás actuaciones, por lo que la jueza no tiene otra alternativa que no sea la de ordenar la libertad de los imputados sin imposición de medidas”, expresó la magistrada y refería los artículos 26 y 166 del Código Procesal Penal, sobre la legalidad de las pruebas.
Según el CPJ, Rodríguez cometió faltas graves en el ejercicio de sus funciones y violó los principios de conciencia funcional e institucional; equidad, honestidad, legalidad, motivación de las decisiones judiciales, prudencia y también responsabilidad.
En contra de la destitución votaron los consejeros Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo.
Aunque se desconocen los motivos de la suspensión de Ureña Ángeles, en el 2010 la filial del Colegio de Abogados de su localidad pedía su traslado, por trato irrespetuoso contra abogados y sus empleados.