Poder Judicial destituye jueza ordenó libertad a cinco venezolanos implicados en alijo de droga

Poder Judicial destituye jueza ordenó libertad a cinco venezolanos implicados en alijo de droga

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) informó hoy que destituyó a la magistrada Aristilda Mercedes Rodríguez, jueza de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Transito del Distrito Judicial de La Romana, quien fue acusada de ordenar la libertad pura y simple de cinco venezolanos apresados luego de que se les ocupara 359 kilos de cocaína en una aeronave en el aeropuerto de esta provincia.

Asimismo, el Poder Judicial suspendió por 30 días sin disfrute de salario a otro juez, } por cometer faltas en el ejercicio de sus funciones.

Mediante resolución núm. 10/2016, el Poder Judicial declaró culpable a la magistrada Mercedes Rodríguez de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones en violación a los artículos 41 numeral 3, 61 y 66 numeral 2 de la ley 327-98 sobre Carrera Judicial y a los principios conciencia funcional e institucional, equidad, honestidad, legalidad, motivación de las decisiones judiciales, prudencia y responsabilidad contenidos en el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, así como los artículos 20, 22, 23, 24, 37, 38, 42, 43, 44, 55, 69, 71 y 82 del Código Iberoamericano de Ética Judicial y el 149 de la Constitución de la República.

Una nota de prensa explica que esa decisión contó con el voto disidente de los consejeros Fernando Fernández Cruz y Leonerdo Recio Tineo.

Mercedes Rodríguez dijo que sustentó su decisión en que el Ministerio Público, que pedía prisión preventiva como coerción, pretendía solicitar la medida con un acta de registro de la aeronave sin el número de autorización y tal omisión era una actuación contraria al debido proceso.

Mientras en su Resolución núm. 09/2016, el CPJ declaró culpable al magistrado Ramón Francisco Ureña Ángeles, juez de la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, de cometer faltas en el ejercicio de sus funciones, y le impuso una suspensión de 30 días sin disfrute de salario.

Esta decisión también contó con el voto disidente del consejero Fernando Fernández Cruz.

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