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El Consejo Disciplinario del Ministerio Público descargó y ordenó reponer en sus funciones a cuatro fiscales de La Vega que habían sido acusados de asociarse con abogados para gestionar favores en beneficio de presuntos narcotraficantes.
De inmediato, el Director de la Inspectoría General del Ministerio Público, el magistrado Bolívar Sánchez, informó que recurrirá la decisión.
Además, los miembros del Consejo ordenaron la devolución retroactiva de todos los sueldos dejados de percibir por los fiscales, desde que fueron suspendidos y sometidos a juicio disciplinario en junio pasado por la Inspectoría General del Ministerio Público.
Los fiscales beneficiados con la decisión son Máximo Antonio Peralta, Ana Cristina Rodríguez Quezada, Carmen Elizabeth Jiménez Frías y Fernando Antonio Rodríguez Ramos.
El Consejo Disciplinario del Ministerio Público lo integran Rodolfo Espiñeiro, José Del Carmen Sepúlveda y Fernando Quezada.
Faltas son muy graves. El magistrado Bolívar Sánchez explicó que los fiscales están acusados de cometer faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones, ya que el Reglamento del Ministerio Público les prohíbe de manera expresa recibir directrices, y hacer diligencias relativas a procesos activos.
Dijo que depositó como evidencia las grabaciones de interceptaciones telefónicas obtenidas con autorización de un juez, en que se escucha a los fiscales recibir orientaciones de abogados defensores de presuntos narcotraficantes.
Las grabaciones también fueron transcritas y depositadas ante los miembros del Consejo, junto a una certificación de la Procuraduría General de la República, que indica que los teléfonos empleados por los fiscales para comunicarse con los abogados, eran las mismas flotas que tenían asignadas por su cargo.
Sin embargo, los miembros del Consejo Disciplinario acogieron un pedido de los abogados de la defensa de los fiscales, para que el disco compacto conteniendo las interceptaciones telefónicas no fuera admitido como evidencia, ni tampoco escuchado como parte del proceso.
