POR M. A.CAPITAN
El  Consejo Nacional de Educación se ha convertido en un obstáculo insalvable para la aplicación de la Ley 86-00, que establece que la Secretaría de Educación tiene que regular la tarifa de los colegios privados, afirmó ayer Jerónimo Pérez Ulloa, ex consultor jurídico de la Secretaría de Educación. Dijo que la ley no ha podido cumplirse nunca por culpa del conflicto de intereses que existe entre los miembros del Consejo.

En cuanto al procedimiento a seguir para fijar y regular las tarifas de los colegios privados, Pérez Ulloa recordó que Educación tiene que partir de la categorización, sin la cual no hay regulación.

En cuanto a la categorización que se llevó a cabo en el 2003, cuando la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch era secretaria de Educación, Pérez Ulloa sostuvo que fue el resultado de un arduo trabajo que se realizó durante todo un año.

Manifestó que no es extraño que se criticara el proceso, puesto que en el «negocio» de la educación hay muchos intereses que fueron lastimados con el proceso de la categorización.

Pero esos intereses no escapan al Consejo y, por ello, a pesar de que se hizo la categorización no se cumplió con lo que establece la ley: que una vez terminada, el Consejo Nacional de Educación tenía que establecer la escala de tarifas con la que tendrían que regirse los colegios privados.

«El Consejo Nacional de Educación soslayó siempre la ley. Y la ley no se ha cumplido por culpa de los intereses de los miembros del Consejo. Al menos así fue cuando se hizo la categorización», dijo Pérez Ulloa.

Respecto a lo que debe hacerse ahora, Pérez Ulloa entiende que la Secretaría de Educación debe actualizar la categorización y reforzarla si es necesario. Posteriormente, el Consejo deberá crear la escala de tarifas.

«Eso no se ha hecho por falta de disposición. El Consejo ha sido un obstáculo insalvable. Ahí ha habido gente muy atrasada ideológicamente», lamentó el ex funcionario.

Tras indicar que la ley es muy clara en cuanto a lo que establece, Pérez Ulloa sostiene que aplicarla sería muy fácil si las autoridades lo quisieran. Es que, incluso, ella establece sanciones contra los que no la cumplan.

En cuanto a los libros de texto, Pérez Ulloa manifiesta que a Educación también le corresponde velar por la protección de las familias en torno a ese tema.

En ese sentido, aunque no hay una ley precisa que regule esto, Pérez Ulloa propone que se haga un reglamento que regule el cambio de los libros y obligue a los colegios a mantener los mismos textos al menos durante tres, cuatro o cinco años.

Esto es algo, puntualiza Pérez Ulla, que también puede hacer el Consejo Nacional de Educación puesto que al fin y al cabo es el órgano rector del sistema educativo dominicano.