El Consejo Superior del Ministerio Público dispuso la conformación de una comisión para que realice una auditoría de los bienes muebles e inmuebles decomisados por la Unidad Antilavado de Activos de esa institución.

La disposición está contenida en una resolución emitida el pasado 12 de enero en el que los consejeros autorizaron a la directora general administrativa del Ministerio Público, Gladys Checo para que conforme la comisión que realizará la auditoría y rinda un informe “en el menor plazo posible al Consejo del Ministerio Público”.

Consultado al respecto el director de la  Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General,  Germán Miranda Villalona, dijo que la medida fue adoptada a solicitud suya debido a que entiende que los bienes incautados deben estar en un solo lugar y no dispersos como se encuentran hasta ahora.

“Nosotros pedimos que fuera extensiva a las diferentes instituciones que poseen bienes, debido a la nueva distribución que manda la ley 72-02”, expresó el magistrado.

Entiende que la nueva disposición obliga a que se realice un inventario general y todas las propiedades incautadas se fusionen en una sola lista.

Las claves

1.  Villalona lo pidió

El magistrado Germán Miranda Villalona pidió que el Consejo Superior del Ministerio Público realizara el inventario en todas las instituciones que poseen bienes a fin de realizar un solo inventario.

2. “La ley entra por casa”

El magistrado antilavado dijo que como el fue quien hizo el planteamiento pidió que se hiciera el levantamiento en la unidad a su cargo, aunque entiende que debe ser extensiva.