A tres años de haber sido suspendido de sus funciones el fiscal adjunto de Higüey Darío Rodríguez Morla  enfrentó un juicio disciplinario  por la posesión injustificada de bienes ascendentes a  los RD$90 millones en su primera declaración jurada.

Su inocencia o culpabilidad será conocida el 17 de febrero cuando los miembros del Consejo Disciplinario del Ministerio Público darán a conocer su decisión.

El magistrado Morla, quien manejaba la mayoría de los casos de narcotráfico en su jurisdicción, alcanzó notoriedad en el año 2008 cuando fue víctima de un atentado en el que casi pierde la vida.

Precisamente a raíz de ese atentado y de un segundo intento por quitarle la vida que él mismo denunció resurgieron interrogantes surgidas en el 2004 sobre su patrimonio, y fue suspendido de sus funciones, aunque nunca procesado de manera disciplinaria por su institución.

A raíz de la creación el  pasado del Departamento de Inspectoría del Ministerio Público, el caso de Rodríguez Morla fue retomado y sometido ante el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, que concluyó la fase de juicio en cuatro audiencias.

De acuerdo con el apoderamiento hecho por el departamento de  Inspectoría del Ministerio Público, Rodríguez Morla no tiene cómo justificar la posesión de sus bienes y señala que posterior a la declaración de los RD$90.5 millones en 2004 ha realizado otras tres declaraciones juradas por montos menores, pero que tampoco han sido debidamente justificados.

 Prosperidad bajo lupa.  La fortuna del magistrado Rodríguez Morla fue investigada en el año 2004 por el entonces Departamento de Prevención de la Corrupción, sin que encontraran ninguna anomalía.

 Sin embargo, versiones surgidas en su contra a raíz de los atentados volvieron a poner en tela de juicio su patrimonio cuatro años más tarde, cuando surgieron señalamientos que lo ligaban al narcotráfico. Empero el magistrado dijo en esa ocasión que desconocía las razones de esas atribuciones y aseguró que esos bienes eran el producto de tierras que había recibido como pago en casos que llevaba cuando era abogado.   Los argumentos del magistrado, al parecer, no convencieron a sus superiores y fue suspendido de sus funciones y puesto bajo investigación. Sin embargo, no es hasta tres años después cuando su caso fue visto.

Atentado-   El 18 de septiembre de 2008, mientras se desplazaba por la carretera Mella, en el municipio de Higüey, tres hombres a bordo de una yipeta Mitsubishi Montero la emprendieron a tiros contra el fiscal,  logrando alcanzarlo en un brazo.

Tan pronto se iniciaron las pesquisas, Rodríguez  Morla atribuyó el hecho a una supuesta banda de narcotraficantes llamada “Los Talibanes” a quienes había sometido logrando condena contra varios de sus miembros.

¿Otro? Seis meses después el magistrado Rodríguez Morla reveló que fue avisado de que se planearía otro atentado en su contra, con la finalidad de eliminarlo y que se había enterado de ello a través de su chofer quien supuestamente conoció la versión a través del  fiscal de Higüey, Lucas Evangelista Pérez.

A tres años.  Entrevistado ayer,  Rodríguez Morla dijo que desconocía las razones por las que estuvo suspendido durante tres años y que en el proceso solo se le señalaba como que había presentado documentos falsos cuando pasó al Ministerio Público. Reiteró que no sabe la procedencia de  la versión que lo vinculó al narcotráfico.

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Juez de Higüey también sometido

En paralelo con el juicio disciplinario al fiscal Rodríguez Morla, el Consejo del Poder Judicial conocía de un sometimiento por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones en contra del suspendido juez del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción de Higüey. El proceso en contra del magistrado se  inició en abril de 2011 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.