EDUARDO JORGE PRATS
Hace ya más de medio siglo, Jesús de Galíndez diagnosticó el mal que ha aquejado a las reformas constitucionales en nuestra América: la lucha política «una y otra vez se reflejará en los textos constitucionales que redactan por turno los grupos vencedores. Con demasiada frecuencia y a menudo precipitación; porque no se busca tanto fijar una estructura permanente que proteja por igual a todos, sino preferencias políticas del partido, grupo o persona dominante en cada momento.

De ahí la importancia de que, si se quiere asumir seriamente la reforma de nuestra Constitución, no se excluya ni el pacto político ni el consenso social. Es más, podría afirmarse que quizás el aporte más importante que los dominicanos podamos hacer a la teoría y práctica de la reforma constitucional lo sea la implementación de un triple consenso para la reforma constitucional. Consenso social a nivel de la consulta popular, consenso técnico a nivel de la Comisión de Juristas y consenso político a nivel de los partidos con o sin representación en el Congreso reformador. La celebración de la consulta popular marcó el momento del consenso social. La Comisión de Juristas, como locus del consenso técnico, ha tratado de plasmar en un texto la voluntad de los ciudadanos y organizaciones consultadas y que reflejan el consenso social. Toca ahora, en consecuencia, una vez se active el mecanismo de reforma, que se produzca el consenso político a nivel del Congreso y de los partidos.

 Este consenso requiere en las fuerzas políticas una predisposición al acuerdo que se refleje en la integración de la mayoría de reforma necesaria. En este sentido, como bien señala Díaz Ricci, «para alcanzar un acuerdo se requiere, como premisa mínima, un cierto equilibrio entre las fuerzas políticas intervinientes, una cierta semejanza de estructura o una coincidencia mínima de intereses entre las fuerzas mismas, de modo tal que al no poder ninguna de ellas imponerse sobre las demás, solo queda el camino del compromiso como vía posible para arribar a una solución, que necesariamente deberá ser compartida. En efecto, el resultado constituyente no puede ser la imposición de un grupo político dominante, aún cuando reúna tras sí la mayoría absoluta, pues la experiencia ha demostrado que una tal propuesta constitucional que prescinde del apoyo de los demás grupos sociales, está condenada al fracaso».

El triple consenso social-técnico-político no se produce, sin embargo, en el vacío. Querámoslo o no, la República Dominicana pertenece a la familia jurídica del Estado constitucional euro atlántico, que ya ha afinado los instrumentos del control judicial de la constitucionalidad y de la actividad administrativa, de la garantía de los derechos fundamentales, del Estado social, de las técnicas de descentralización, del poder contralor, de los medios para democratizar los partidos, de los mecanismos de integración regional y de los sistemas de ejecución de las decisiones judiciales internacionales. La ciencia constitucional es, sobre todo, ciencia cultural (Häberle).

Ahora bien, como bien explica Enrique Arnaldo Alcubilla, «el consenso no es un concepto mágico: aun cuando no sea el modo normal en que lo político opera, en cuanto aparece intrínsecamente unido a la idea de poder, de manera que quien lo detenta consigue aplicar sus proyectos y hacer triunfar su propio modelo que, por tanto, se impone sobre los demás. Sólo excepcionalmente la política se aleja de la idea de poder para aproximarse al encuentro entre los actores en presencia. Digo sólo excepcionalmente, pero de manera imprescindible cuando se trata de acometer operaciones de envergadura como son la conformación de un pacto constitucional en cuanto marco cierto y perdurable que requiere dejar de lado los programas opuestos o antitéticos y optar por un programa común con garantías de idoneidad para lograr los objetivos que se pretenden, particularmente cuando se trata de establecer las reglas que rigen la convivencia social y política».

El momento que vivimos los dominicanos demostrará si los partidos y sus líderes tienen la madurez necesaria y la visión a largo plazo para implementar una reforma de la Constitución o si, por el contrario, repetimos la historia de siempre en donde los intereses coyunturales se imponen sobre la visión de Estado que debe imperar, si es que deseamos profundizar y consolidar la democracia dominicana.