Consensos y disensos

Consensos y disensos

JULIO BREA FRANCO
No hay razón para valorar como fallida la iniciativa de la JCE de reglamentar las actividades de campaña electoral con miras a las presidenciales del 2008. Hay motivos que son muy obvios: no hay reglamento aún sino un anteproyecto que fue  presentado para que sobre él se opine.

El plazo para hacerlo apenas expiró. Además, será con posterioridad a la audiencia pública convocada para conocer de los distintos pareceres, cuando el organismo se abocará a tomar su decisión. Ciertamente hay quienes lo consideran “perturbador” y quisieran que fuese dejado de lado.  De reciente se han venido exponiendo consideraciones, en particular del  sector de los medios de comunicación y de algunas organizaciones cívicas.

Las principales objeciones se refieren a la colisión de algunas de las proyectadas disposiciones con la Constitución de la República. Se citan la libertad de  expresión del pensamiento y la de empresa. Además,  de tropezarse  con otras disposiciones legales vigentes.  Más sutiles y rigurosos son señalamientos de la  Fundación Institucionalidad y Justicia con respecto a la facultad reglamentaria de la JCE que ha de estar  -según plantea-  enmarcada en el ámbito que le fija la Constitución y la legislación electoral,  en particular.

La Junta no puede  emitir disposiciones autónomas, esto es,  fuera de ese ámbito. No reparo bien si la FINJUS tomó en consideración la disposición –por cierto muy peligrosa- que aún subsiste en la ley electoral, agregada en 1977,   que  confiere a la JCE  la facultad de tomar las medidas administrativas y reglamentarias que considere necesarias en un período electoral, aunque válidas para ese,  con el propósito de rodear el sufragio de  mayores garantías.  Habría que analizar si en esos casos la facultad puede ser autónoma.

Lo cierto es que pretender reglamentar una materia tan sensible y controversial como es la campaña electoral,  apoyándose en su  facultad  reglamentaria, pueda no resultar todo lo efectiva como es el propósito. Desde siempre ha sido costumbre en la Junta en no hacer un uso entusiasta de su derecho de iniciativa legislativa.

Es difícil poner orden en un desorden desbordado como el existente. Pero bregamos con esto desde hace 15 años. Los argumentos que hoy se esgrimen son exactamente los mismos que pudieron leerse en septiembre de 1993. Si se continúa avanzando las mismas  objeciones es de pensar que hay una muy fuerte resistencia a cambiar la dinámica de las cosas.

Como en todo en la vida,  la razón está desparramada y no concentrada en una sola posición.  Pero hay críticas sin fundamento. Tal es el caso de la  promoción de la abstención y del ausentismo.

La Constitución de la República es muy clara cuando establece el votar como un deber y obligación.  Y también lo es cuando prohibe cualquier incitación o provocación a la desobediencia de la Constitución y las leyes.  Por eso  no se entiende por que se dice que son legales los llamados irresponsables al ausentismo. Que no tengamos el voto en blanco es una cosa, que la única forma que existe de mostrar el desacuerdo sea anulando el propio voto,  es otra,  pero es  una tremenda violación pedir a los electores que no voten.

Resulta sorprendente que en democracias constitucionales de mayor desarrollo que la nuestra –España, Italia, Alemania, para mencionar algunas- países en los que el respecto de los derechos individuales y sociales no se cuestionan,  existan desde hace mucho tiempo estas disposiciones que hoy se reproponen. Ninguna voz se levanta para argumentar que limitan o ahogan ciertas libertades fundamentales.

Arribados a este punto lo más conveniente parece ser que la JCE haga un balance de consensos y disensos.  No creo que el asunto salga ganancioso dejando para después lo que se puede hacer ahora. Esperar que pasen las elecciones para retomar el tema significará retomarlo nueva vez en las puertas de otras elecciones. 

Es importante avanzar aunque no sea todo lo que se desearía. La Junta requeriría  de apertura mental. Hay muchos aspectos que no se objetan. Es esa la base de consenso. Con el disenso habría que ser más cuidadoso. Insistir en lo que más y mejor  pueda ayudar a la celebración de las elecciones  sin generar inconformidades de tal magnitud que se reviertan a votación concluida.

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