De todas las iniciativas de la presente administración que han suscitado controversias, la del contrato de Fideicomiso de Punta Catalina ha sido la más resonante, porque provoca una fractura de tal calado entre el Gobierno y diversos sectores afines u opuestos a este que, de lograrse, su sutura tomará mucho tiempo.

Mientras más se profundiza la discusión sobre ese tema, más evidente resulta la inconsistencia y no pertinencia de ese el contrato y más claro que con ella el Gobierno penetra en un laberinto del que, cual que sea su salida, el costo será enorme. La firme oposición a tan desafortunado paso obliga al Gobierno a pensar sobre sostenibilidad de sus opciones de alianzas hasta ahora establecidas y si con ellas seguirá todo el camino.

Desde diversas instancias dentro y fuera del Gobierno, se expresan quejas y aprehensiones sobre esas alianzas en las que el peso de sectores conservadores es casi determinante en la toma de algunas decisiones claves de esta administración.

El por qué, es algo que algunos se preguntan, teniendo en cuenta que esta surgió en contexto de las grandes olas de protestas que desde mediado de la pasada década convulsionaron todo el Occidente, de las cuales han surgido nuevas mayorías claramente progresistas con el propósito de impulsar políticas redistributivas, de gravar las grandes fortunas, inclusión social la libertad de opinión, los derechos los trabajadores, de la mujer, de las minorías nacionales y/o étnicas etc.

Por esos valores se decantan importantes figuras del gabinete de este Gobierno, pero contra esos principios siempre se ha batido ese conservadurismo radical, cuyo peso dentro y fuera de ese gabinete es ostensible, al punto de ser determinante a la hora de la toma de decisiones claves para el país tales como: qué hacer con un activo del calado de Punta Catalina, cómo enfocar el tema migratorio, quizás el más importante tema nacional, y cómo y sobre cuáles bases establecer un relacionamiento con las fuerzas políticas fundamentales para lograr las reformas indispensables para el fortalecimiento institucional del país.

Tal parece que en enfoque y respuestas prácticas a esos temas sectores conservadores se han impuesto sobre figuras progresistas dentro del Gobierno.

En su expresión radical en la historia dominicana, el conservadurismo ha sido soberbio y excluyente y en sus de diversas modalidades, parafraseando a Bolingbroke, constituye una suerte de facción que se enquista en el poder y actúa sin escrúpulos ni noción del bien público.

Es esa otra clave para entender la tenacidad con que ese sector impone sus criterios (y los suyos) en temas vitales como los arriba citados, sobre todo en el caso del contrato de Fideicomiso para Punta Catalina