El abogado Antoliano Peralta Romero, próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, consideró ayer que los ascensos de ocho oficiales de la Policía Nacional y del Ejército a generales de brigada y las pretensiones de llevar fiscales a procuradores de corte de apelación son acciones del actual Gobierno que “no parecen ser prudentes”.

Peralta Romero reiteró que, una vez Luis Abinader asuma el mando presidencial el 16 de agosto, revisarán la legalidad de todas las decisiones de las autoridades salientes durante el período de transición. Hasta entonces, sugirió el abogado, no se puede calificar de legales o ilegales estas cuestionadas actuaciones de la gestión gubernamental que termina en menos de tres semanas.

“Esos ascensos, aunque están dentro de las atribuciones del presidente actual, no parecen ser prudentes, porque las acciones gubernamentales pueden ser legales, ilegales o imprudentes”, sostuvo.

El jurista recordó que a pesar de que el presidente de la República está facultado para realizar ascensos, “el país está por encima de eso y lo que no sea conveniente para la nación no es oportuno que se ejerza en este momento”.

Al preguntársele si estas decisiones podrían ser revocadas si se determina que fueron ilegales, Peralta argumentó que todo lo que sea contrario al ordenamiento legal “es revisable y revocable”, mientras que todo lo que sea hecho de conformidad con la ley “hay que respetarlo”.

Su divulgación. El pasado jueves se dio a conocer que el presidente Danilo Medina había ascendido a generales de brigada a cuatro coroneles de la Policía y a igual número del Ejército, entre ellos a Ricardo Castillo Terrero, hermano de Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del PLD y exministro de Obras Públicas.