SANTIAGO  (AFP).– El reconocimiento de altos dirigentes oficialistas de que se utilizaron gastos reservados del Estado chileno para financiar actividades políticas llevó a la oposición de derecha a considerar que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet es “ilegítimo”.

Tras una denuncia judicial presentada el martes por dirigentes de la derecha opositora que pidieron investigar el uso de gastos reservados estatales, dos dirigentes señalaron este miércoles que en esas circunstancias el gobierno de Bachelet es “ilegítimo” ya que estaría sustentado en una campaña electoral financiada a través de fondos públicos.

“Sin intervención electoral los resultados habrían sido distintos”, afirmó el empresario Sebastián Piñera, candidato derechista derrotado en la segunda vuelta que ganó Bachelet, el 15 de enero pasado.

“Si alguien triunfa con recursos ilegítimos, el triunfo obviamente que tiene visos de ilegitimidad”, dijo por su parte Pablo Longueira, líder de la derecha conservadora y candidato presidencial del sector para las elecciones de 2009. “Me parece extremadamente ofensivo y un insulto para todos los chilenos señalar y vincular mi elección con los gastos reservados”, respondió la mandataria en un desayuno con corresponsales extranjeros.

“La verdad es que a mí me parece que este festival de denuncias sin evidencia tiene que terminar”, dijo Bachelet, en un intento por detener una serie de acusaciones de corrupción que han complicado a su Gobierno.

La acción judicial de la derecha fue presentada el martes y en caso de ser acogida podría significar que se investigue directamente a 102 dirigentes y ex funcionarios de los cuatro gobiernos de la Concertación Democrática, la coalición de partidos de centro izquierda en el poder desde 1990.

La derecha opositora realizó su denuncia luego de que tres dirigentes oficialistas -Gonzalo Martner, Jorge Schaulson y Edgardo Boeninger-, reconocieran el uso de gastos reservados para actividades políticas sin que precisaran fechas sobre estos hechos.

Los políticos oficialistas no entregaron detalles sobre el uso de los fondos, pero explicaron que esos recursos se utilizaron como una forma de contrarrestar el poder económico de la derecha opositora.

   Las declaraciones fueron rechazadas por otros dirigentes oficialistas, que instaron a sus compañeros de coalición a probar sus denuncias.

   “Lo de Martner es muy lamentable. Si lo dice, que lo pruebe”, dijo el ex ministro Genaro Arriagada, demócrata cristiano.

   Han salido “con cosas que no tienen sentido”, señaló por su parte Andrés Zaldívar, ex ministro y ex senador, también demócrata cristiano.

   El reconocimiento volvió a remecer a la coalición gobernante, agobiada en los últimos meses por denuncias de corrupción basadas también en el desvío de fondos públicos al financiamiento de actividades políticas a través de recursos de la oficina de promoción de actividades deportivas Chiledeportes.

   Desde que la Concertación Democrática llegó al poder en 1990, tras derrotar a la dictadura de Augusto Pinochet, los gastos reservados del Gobierno han disminuido drásticamente.

   La proporción de esos gastos durante los 17 años del gobierno militar llegó a un 11% del Presupuesto Fiscal y al restaurarse la democracia se fueron reduciendo en forma paulatina hasta llegar al 1% en el actual gobierno de Bachelet, según informes del Ministerio de Hacienda.

   “Al retorno de la democracia no existían normas que regularan la relación entre el dinero y la política”, expresó en declaración pública enviada desde Washington José Miguel Insulza, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y ex ministro chileno.

   De esa manera justifica las zonas grises que se presentan en torno a los gastos reservados.

   Tras la ofensiva judicial de la derecha, legisladores de la Concertación plantearon este miércoles una demanda ante la justicia, para que investigue posibles fraudes en los gastos reservados durante los cinco últimos años de la dictadura de Pinochet, entre 1985 y 1990, cuando se restauró la democracia.

   Los senadores socialistas Jaime Naranjo y Alejandro Navarro, junto al radical Nelson Ávila, pidieron al Segundo Juzgado del Crimen de Santiago que amplíe la investigación que plantearon los dirigentes opositores y cite a una veintena de ex funcionarios del Gobierno de Pinochet.