El Gobierno dominicano consideró como desproporcionado e irrazonable pretender que el país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar de la nación haitiana.

La posición del país se debe a propósito de las declaraciones del experto independiente en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, William O’Neill, quien ha hecho un llamado para que se descontinúen las repatriaciones de haitianos, debido al estado de inseguridad que vive ese país.

“República Dominicana es el único país que hace frontera terrestre con Haití. Siendo igualmente un país en vías de desarrollo, y no responsable de la situación haitiana, resulta desproporcionado e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos.

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Esta es una obligación irrenunciable del Estado haitiano, y en su defecto, una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. El deber del Gobierno dominicano es, en primer lugar, con sus ciudadanos”, señaló la Cancillería en comunicado.

Apuntó que el masivo influjo migratorio haitiano de los últimos años es insostenible, tras referir que solo en 2022, República Dominicana deportó 120,900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitiano.

“Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger, sin que se generen graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional”, acotó el gobierno.

Sustentó que las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran el fuerte impacto en el gasto público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares. Por ejemplo, en 2018, el 12,5% de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas, aumentando al 23,7% en 2019, al 27,2% en 2020, al 30,5% en 2021, al 33.1% en 2022 y al 34% en 2023 (hasta el mes de mayo).