SANTIAGO. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) consideró que los cambios en la Ley 200-04, sobre  Acceso a la Información Pública, como aspira el diputado Alfonso Crisóstomo, buscan garantizar la impunidad de funcionarios por el manejo doloso de los fondos públicos.

El presidente del organismo, Trajano Vidal Potentiti, dijo que de ser necesario acudirá a la Suprema Corte de Justicia y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a exigir la tutela y respeto de ese derecho fundamental.

Asimismo, objetó el “despropósito” de limitar y cercenar la conquista y herramienta de lucha contra la corrupción, que entiende “hoy por hoy constituye el   derecho fundamental del acceso a la información pública contemplado en  esta ley, en la Constitución de la República y en múltiples acuerdos, convenios, jurisprudencias  y opiniones consultivas de organizaciones internacionales.

Sostuvo que estos instrumentos adquieren, luego de ser ratificados por el Congreso, rango constitucional, en razón de la jerarquía que adoptan por el denominado Bloque de la Constitucionalidad, establecido por sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Recordó que la Constitución dominicana, en su artículo 8, numeral 6, establece que “toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, tiene derecho a emitir libremente su pensamiento, mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral”, y rechazó el planteamiento  del diputado Crisóstomo.